Ecos de la Revolución Pingüina: avances, debates y silencios en la reforma educacional

L A S ELECCIÓN E SCOLAR 349 en escuelas menos segregadas socieconómicamente dados los incentivos para los sostenedores (Gallego y Sapelli, 2007). La investigación futura debiera despejar si este cambio en las condiciones del cuasi mercado ampliará las opciones percibidas por los padres, elevará el rendimiento de los estudiantes beneficiados y del conjunto de la población escolar y, por último, si hará menos restrictivas las conductas de admisión de los establecimientos o, a la inversa, los empujará a una selección encubierta. Los efectos más visibles de la aplicación de esta ley sólo se apreciarán tras unos años. Mientras, el desafío prioritario debiera consistir en instalar ins- trumentos para hacer cumplir la legislación a cabalidad. De cumplirse la ley, convendría monitorear en qué medida la SEP produce una distribución de recursos menos regresiva o si, finalmente, acentúa la segregación por la vía de incentivar cierta “especialización” en niños vulnerables de la que, difícilmen- te, podría resultar una mejora del desempeño individual y del sistema en su conjunto. Hasta el momento, tenemos la información de que el 89,4% de estudian- tes prioritarios asiste a un establecimiento que entró a la SEP; que 84% de los colegios que potencialmente podrían participar del programa lo están hacien- do, pero que 48.716 estudiantes asisten a colegios que no participan del pro- grama; este último grupo está compuesto por apenas 38 escuelas municipales y 1.289 particulares subvencionados, siendo dos de las razones que explican su marginación, el costo de dejar de seleccionar y de cobrar el financiamiento compartido, de acuerdo al análisis de Elacqua, Mosqueira y Santos (2009). Se puede hipotetizar que los apoderados serán indiferentes a la puesta en marcha de esta política, a menos que la concentración de alumnos priorita- rios aumente al punto de generar aprensiones en algunas familias que sientan que el colegio particular subvencionado no cumple con sus expectativas (los municipales ya tienen más de 50% de su matrícula compuesta de estudiantes calificados de prioritarios). Se dirá que tanto las familias que lleguen, como las que decidan irse de un colegio, estarían ejerciendo su libertad de elección, no obstante, será interesante estudiar cómo los colegios manejarán la comunica- ción con los apoderados de cara a la inversión de los recursos adicionales y la adopción de políticas de mejora acordes con las exigencias de la SEP. Con respecto al sistema de financiamiento compartido, mientras que al- gunos justifican la instalación de este esquema como un instrumento con afán redistributivo, que ha allegado recursos extras al sistema, también se esgrime que la medida consagra el derecho y deseo de los padres a aportar recursos ex- tra al establecimiento de su preferencia (Encuesta CEP, 2006). La restricción al acceso queda transformada, por vía de la retórica, en una oportunidad de ampliar opciones fuera de los establecimientos gratuitos y de demostrar un