Ecos de la Revolución Pingüina: avances, debates y silencios en la reforma educacional

P AULA M ENA • F RANCISCA C ORBALÁN 334 El aporte económico de las familias merece mención aparte. El 80% de los estudiantes que asisten a colegios particular-subvencionados lo hacen a uno que cobra algún arancel mensual (Valenzuela, Bellei y De los Ríos, 2008). El monto familiar varía y para el caso del sistema público es casi nulo, por lo que evidentemente el sistema de financiamiento compartido opera como un sistema de selección (y de segregación), en tanto limita el acceso a determina- dos establecimientos según la capacidad de pago individual. Por otra parte, la práctica de cobro a las familias y, por tanto, de exclusión de quienes no pueden solventar el gasto, se encuentra validada y estimulada por la posibilidad de lucro de los sostenedores particulares, para quienes debiera resultar atractivo capturar a los alumnos de mejores condiciones económicas 3 . Con o sin financiamiento compartido de por medio, sabemos que los establecimientos que seleccionan utilizan criterios de índole diversa. El in- forme para Iberoamérica del estudio PISA 2006 señala que, en Chile, según información entregada por los directores, el 7% selecciona en función del lu- gar de residencia, el 33% en función de las calificaciones, el 17% por deseo o necesidad de un programa especial y el 16% por la existencia de familiares en el mismo centro (OCDE, 2009). Esta información se complementa con el ya mencionado estudio de Contreras, Bustos y Sepúlveda (2007), que detecta que el criterio más utilizado por los establecimientos educacionales para selec- cionar a los estudiantes es el nivel de habilidades de los niños, seguido por la consideración de las características de los padres (indagadas mediante entrevis- tas personales) y la orientación religiosa de la familia. La preponderancia del uso de antecedentes académicos en la admisión a las escuelas diferencia a Chile de otros países de la región, donde el porcentaje de alumnos seleccionados por este criterio no supera el 9% (OCDE, 2009). La explicación para este rasgo probablemente tenga relación con los evidentes incentivos que exhibe el sistema escolar chileno, pues excluir a los alumnos con dificultades académicas significa maximizar los resultados de aprendizaje al menor costo. A su vez, obtener resultados competitivos facilita a los sos- tenedores atraer a las familias en un número suficiente para asegurar la exis- tencia del proyecto educativo. En dicha carrera por aumentar la matrícula, si bien los puntajes en las pruebas estandarizadas no son el principal criterio de los padres para elegir colegio, los esfuerzos crecientes por legitimar estos resultados como indicadores de calidad en las familias ya están dando algunos resultados (Gallego y Sapelli, 2007; Hernando y Gallego, 2009). Más allá de 3 La posibilidad de los establecimientos de cobrar arancel a las familias fue aprobada por Ley en 1993 y ratificada por la reciente LGE el año 2009.