Ecos de la Revolución Pingüina: avances, debates y silencios en la reforma educacional

C RISTIÁN B ELLEI • P ABLO G ONZÁLEZ • J UAN P ABLO V ALENZUELA 248 familias por su preferencia al matricular a sus hijos y reclamar ante la Superin- tendencia; y de la competencia por parte de otros proveedores. Estas presiones –canalizadas en consecuencias hacia el Director , y por su intermedio hacia los encargados administrativos– generarían un balance técnico y social adecuado para hacer responsables a las corporaciones de cumplir su mandato legal. Evaluando las alternativas Aunque, como vimos, la administración de la educación por los muni- cipios cuenta con escaso respaldo ciudadano, por diversas razones y motiva- ciones muchos políticos, alcaldes y académicos insisten en mantenerla. Así, por ejemplo, la constatación de cierta heterogeneidad entre municipios, tanto en indicadores de calidad de su gestión educativa como en sus característi- cas más permanentes, ha llevado a algunos autores a proponer un sistema de administración que permita “acreditar” municipios para continuar operando como administradores educacionales 21 . En dicha propuesta se definen ciertos “estándares de calidad” para la gestión educativa municipal, que se aplicarían recurrentemente a todos los municipios. Los municipios que cumpliesen di- chos estándares mantendrían la administración de establecimientos educacio- nales, en tanto los municipios que no cumpliesen, serían despojados de la atri- bución de administrar establecimientos. Esta sanción generaría dos escenarios alternativos: la obligación para ciertos municipios de asociarse para realizar di- cha gestión a través de una corporación, o la enajenación de la administración educativa en una corporación autónoma de derecho público, dependiente en último término del Ministerio de Educación. En otras palabras, este procedi- miento organiza una lógica de “última oportunidad” para los municipios. Dicha propuesta genera un escenario que consideramos inadecuado y que se podría caracterizar como de “incertidumbre institucional”. Si los estándares son relativamente exigentes (si no lo son, la propuesta deja de tener sentido), la incer- tidumbre se produce porque el sistema deberá ir traspasando paulatinamente las responsabilidades de los municipios “fracasados” a un sistema de administración diferente. Este proceso resultará políticamente muy costoso. Adicionalmente, en aquellos municipios que hayan perdido la administración educacional, es espe- rable que algunos políticos locales y alcaldes transformen “la recuperación de los establecimientos escolares para la comuna” en parte de su programa electoral. Después de todo, dado que otros municipios continúan administrando escuelas y que fueron autoridades previas (eventualmente de otra coalición política) las que “perdieron” las escuelas, es difícil argumentar en contra de dar “una nueva 21 Ver, por ejemplo, Marcel y Raczynski, 2009.