Ecos de la Revolución Pingüina: avances, debates y silencios en la reforma educacional

C RISTIÁN B ELLEI • P ABLO G ONZÁLEZ • J UAN P ABLO V ALENZUELA 228 En el caso de la provisión privada con financiamiento público, en cambio, se trata de la contratación de un servicio, la línea de mando no existe y una serie de dispositivos permiten una amplia libertad al prestador privado para administrar de acuerdo a sus propios objetivos y lo protegen de responder a las deseos de la autoridad electa, excepto en aquello expresamente definido en la legislación. Esto se ilustra en Chile en conflictos en que los privados han invocado el derecho a la libertad de enseñanza para imponer límites a lo que el Estado pueda realizar a través de sus escuelas (por ejemplo, en lo relativo a selección de estudiantes o el acceso a programas de educación sexual). Con esto no se quiere sugerir que el Estado no deba tener límites para imponer sus crite- rios y objetivos de política a las escuelas privadas que subvenciona, sino que la existencia de dichos límites muestra que, para efectos de lograr ciertos propósi- tos colectivos, las escuelas privadas no son equivalentes a las escuelas públicas. La posibilidad de que en la educación privada se persigan y prioricen objetivos privados, y la ausencia de línea de mando desde quien define los objetivos sociales, están a la base de los argumentos centrales para justificar la presencia y preeminencia de la educación pública en el sistema escolar. Cuáles son los objetivos y propósitos de interés colectivo que fundamen- tan la presencia y prioridad de la educación pública es ciertamente una cues- tión histórica y socialmente cambiante, pero en términos generales éstos pue- den agruparse en las siguientes cuatro dimensiones 6 . Desarrollar tipos de proyectos educativos considerados de interés común Al menos desde mediados del siglo XIX, los países han necesitado generar una oferta educativa de ciertas características, según lo que en cada momento histórico cada sociedad fue considerando prioritario para el desarrollo social, en un sentido amplio (por ejemplo, escuelas para la integración social, comu- nidades culturalmente diversas, escuelas con foco en la ciudadanía democráti- ca, liceos preuniversitarios, etc.). Dado que la generación de estas propuestas educacionales es de interés social, el Estado no puede resignarse a esperar que los privados las desarrollen; además, resulta poco eficiente y potencialmente inefectivo que el Estado se limite a “incentivar” a los privados a generar dichas ofertas educacionales. Se trata de cuestiones tan específicas y al mismo tiempo tan relevantes, que no necesariamente el incentivo económico las producirá. 6 Es importante notar que estas cuatro dimensiones no incluyen el propósito de “preservar y transmitir un sustrato cul- tural común entre la población”, históricamente y en términos comparados una de las funciones más importantes de la educación pública. Dado que en Chile existe un consenso prácticamente universal sobre la conveniencia de contar con un currículum nacional obligatorio para todos los establecimientos, este objetivo ha dejado de ser propio de la educación pública.