Ecos de la Revolución Pingüina: avances, debates y silencios en la reforma educacional

F ORTALECER LA E DUCACIÓN P ÚBLICA : UN D ESAFÍO DE I NTERÉS N ACIONAL 227 Sin embargo, el hecho de que la educación tenga una finalidad o un ca- rácter público no significa que toda educación sea pública en sentido estricto. Más precisamente, un establecimiento educacional es público o privado según el carácter público o privado de la instancia que tenga el control y la gestión 3 . De acuerdo a esta definición, 88% de la matrícula de los sistemas escolares de los países desarrollados asiste a establecimientos públicos (OECD, 2007b). La característica fundamental que hace a una escuela privada no tiene ninguna relación con sus fuentes de financiamiento 4 : radica en que, en su interior, las decisiones las toman personas naturales o jurídicas privadas, no gubernamentales. Esto hace que la gestión de estas escuelas responda primor- dialmente a objetivos privados, lo que impone límites a la posibilidad de que el Estado logre cabalmente sus objetivos y propósitos en el campo de la educa- ción a través de escuelas privadas, aunque las financie y regule 5 . Por supuesto, en el caso de la escuela pública tampoco está garantizado que los propósitos colectivos se alcancen adecuadamente. Los directivos y pro- fesores en el sistema público también tienen sus propios objetivos e intereses, capacidades que pueden no ser las óptimas, o enfrentar reglas que dificultan la gestión. Sin embargo, hay una “línea de mando” entre quien fija los objetivos o las políticas educacionales y quien administra los establecimientos, por lo que el primero tiene una serie de mecanismos sobre el segundo para asegurar su cumplimiento. De hecho, la existencia de escuelas públicas está primordial- mente justificada para satisfacer los objetivos sociales. 3 La UNESCO (organismo de las Naciones Unidas encargado de la educación y la cultura) define que un Estableci- miento es de Enseñanza Pública cuando “es controlado y gestionado por una autoridad pública o un organismo esco- lar público (nacional/federal, estatal/provincial o local), independientemente del origen de los recursos financieros”, y que un Establecimiento es de Enseñanza Privada cuando se trata de un “Establecimiento controlado y gestionado por una organización no gubernamental (iglesia, sindicato o empresa), independientemente de que reciba o no fondos públicos”. Análogamente, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) entiende que “una institución es clasificada como pública si el control final descansa en (1) una autoridad o agencia educacional pública o (2) un cuerpo de gobierno (Consejo, Comité, etc.), donde la mayoría de sus miembros son designados por una autoridad pública o elegidos por una franquicia pública; (...) una institución es clasificada como privada si el control final descansa en una organización no-gubernamental (por ejemplo, una iglesia, una sociedad comercial, o una empresa), o si su Consejo de Gobierno está constituido mayoritariamente por miembros no elegidos por una agencia pública” (OECD, 2004). 4 Aunque para nosotros es más o menos evidente que una escuela no deja de ser privada por recibir recursos públicos, en Chile ha existido enorme confusión al respecto. Para una crítica a la noción de que la educación pública está definida por el origen de los recursos, ver el capítulo de Fernando Atria en este mismo libro. 5 El hecho de que las atribuciones de control y gestión, y no el financiamiento ni la propiedad, son la clave para la distinción entre escuelas públicas y privadas, ha quedado claro en el debate en torno a las escuelas charter en Estados Unidos, las cuales son vistas por importantes sectores de ese país como una forma de privatización, aun cuando es sólo la gestión (y no la propiedad ni el financiamiento) lo que es traspasado a un ente privado. En nuestra opinión, sin embargo, se trata de un asunto complejo por cuanto la noción de educación pública apunta hacia las decisiones educacionales claves (por ejemplo: a quién educar, con qué orientación, si mantener o cerrar el establecimiento) y no a cualquiera de las múltiples decisiones de gestión involucradas en la administración escolar.