Ecos de la Revolución Pingüina: avances, debates y silencios en la reforma educacional

U NA E DUCACIÓN P ÚBLICA MÁS E FECTIVA . ¿L OS Á RBOLES NO D EJAN V ER EL B OSQUE ? 207 Financiamiento y costos asociados a las regulaciones Detrás de varios de los mencionados problemas hay una inconsistencia de largo plazo entre el financiamiento de la educación y la regulación de los equi- pos directivos y docentes que debe abordarse. La primera se traduce en que, en teoría, existe un monto necesario para alcanzar un estándar educativo especí- fico, que depende del capital cultural de los estudiantes y de sus familias, y en casos específicos, de algunos elementos asociados al tamaño del establecimien- to o del distrito escolar en el que se eduque el estudiante beneficiado. Dicho monto no considera el costo adicional que pueda imponer la regulación. Esta última, en la práctica, impone un mayor costo a la educación estatal, pero sin ningún beneficio evidente sobre los desempeños escolares, lo que hace difícil justificar su existencia. No obstante lo anterior, ello ocurre porque la lógica de negociación que impera en nuestra educación es centralizada, mientras que la del financia- miento es descentralizada (tal como sucede con la gestión de las escuelas que está dividida entre el gobierno central y local). Por lo tanto, los sostenedores, quienes siguen recibiendo el mismo financiamiento por alumno, deben cargar con los costos adicionales que la negociación centralizada entre el gremio do- cente y el MINEDUC les genera, sin que ellos hayan tenido voz en la misma. Sin embargo, contradictoriamente y como fuese mencionado anteriormente, son los municipios los responsables de la gestión administrativa de las escue- las. Si bien en otros países ocurre algo similar en lo referido a la negociación centralizada de ciertos beneficios, en ellos el financiamiento por estudiante no es una característica esencial. Así, es el “mestizaje” lo que complica la realidad de la educación estatal chilena y mientras se mantenga la dicotomía entre fi- nanciamiento por estudiante y definición centralizada de los costos totales o parciales, la forma que se organice la educación pública no afectará en demasía esta situación. No es evidente cómo debe administrarse esta situación. Pero el hecho que el Ministerio de Educación negocie directamente con los gremios, marginan- do a los empleadores estatales –y particulares, puesto que las negociaciones de salario mínimo así como otras asignaciones también afecta a este sector– que son los responsables de la gestión administrativa, debe más temprano que tar- de corregirse. Esto se agrava porque el Estatuto Docente también define con precisión la estructura de las remuneraciones de los docentes de la educación estatal, cerrando esta válvula de ajuste de presupuesto para los municipios. Así, los espacios de libertad que tienen los ediles en la gestión de los ingresos que perciben por subvención son extremadamente acotados, situación que difiere a la de los establecimientos particulares subvencionados, a quienes se les aplica sólo algunos criterios (vacaciones, salario mínimo y algunas asignaciones ligadas