Ecos de la Revolución Pingüina: avances, debates y silencios en la reforma educacional

H ARALD B EYER • C AROLINA V ELASCO 206 imperfectamente, para qué preocuparse de esta cuestión. Más aún cuando las autoridades centrales han acomodado esta visión y no han querido establecer indicadores básicos que permitan comparar los desempeños de cada sostene- dor público, una manera razonable de generar debate y enviar una señal de que es importante que se involucren en la gestión pedagógica. Indicadores fáciles de comprender, que puedan usarse para trasmitir si una gestión local en educación es adecuada, permitirían a los sostenedores locales enfrentar mejor los costos de corto plazo que muchas veces imponen los cambios inmedia- tos. Por ejemplo, es evidente que muchos sostenedores se beneficiarían de fusionar escuelas, pero lo hacen con menos frecuencia de lo deseable porque es una medida que no está exenta de costos y los beneficios de la decisión no se pueden transmitir a los votantes de la comuna. Más complejo todavía es la nominación de directores que es sólo un proceso formal sin posibilidades reales de impactar el proceso educativo de cada establecimiento. Los directores se nombran, como señalábamos más arriba, sin metas claras y sin convenios de desempeño. Además, aunque se detecte que el director no es adecuado para el cargo perfectamente puede permanecer por cinco años en él sin que se tomen acciones remediales, porque los sostenedores están muy limitados al respecto. En estas circunstancias el sostenedor público cuyo principal instrumento para influir directa e indirectamente en el proceso educativo es la selección del di- rector tiene menos autonomía de la deseable en este proceso. Si bien es cierto que desde 2009 se está planteando la posibilidad de evaluar a los directores y evitar esta realidad, la situación está lejos de haberse remediado en la dirección deseada. Así, el marco institucional en este ámbito parece estar diseñado sobre la base de la desconfianza hacia todos los actores involucrados en la educación pública que, en parte, se explica por la falta de instrumentos que ha tenido el Estado central para controlar el proceso educativo. Pero ahora que ello está cambiando sería deseable que todas estas regulaciones fuesen reemplazadas por otras que corrigieran las deficiencias que hemos planteado. Nos parece evidente, entonces, que en un sistema de estas características, con asimetrías en la autonomía de cada actor y con la existencia de dificultades prácticas y políticas en la toma de decisiones, que no tienen mecanismos cla- ros de contrapeso, van a haber enormes dificultades en la gestión pedagógica. Este es otro nudo gordiano que debe desatarse de modo de lograr un balance adecuado entre autonomía y supervisión en la gestión local de la educación. Ayudaría a lograr ese balance la presencia de indicadores comprensibles que permitiesen comparar la gestión de los distintos sostenedores. Por supuesto, ello tendría sentido sólo si esos sostenedores están afectos a algún grado de responsabilidad política.