Ecos de la Revolución Pingüina: avances, debates y silencios en la reforma educacional

U NA E DUCACIÓN P ÚBLICA MÁS E FECTIVA . ¿L OS Á RBOLES NO D EJAN V ER EL B OSQUE ? 185 residencial, la oferta educativa sea principalmente pública. Por las mismas ra- zones, no es casualidad que la proporción de estudiantes de establecimientos municipales que son vulnerables sea superior a la de los colegios particulares subvencionados (esto de acuerdo a las estimaciones hechas por JUNAEB para la distribución de los programas de alimentación escolar). Es este contexto el que invita a una preocupación particular por la suerte de la educación estatal, sobre todo cuando se aboga por una educación más equitativa y de mejor cali- dad, un objetivo ampliamente compartido en la sociedad chilena. Lo que no está claro es cómo esa preocupación debe concretarse y, por ello, es natural que surjan posiciones encontradas al respecto que, en parte, también obedecen a diagnósticos distintos sobre el origen de los desempeños deficientes de la educación municipal. Uno de los puntos que genera más con- troversia es si las características particulares de la educación pública que men- cionábamos antes hacen necesario que se la trate de modo distinto, particular- mente, aunque no de modo exclusivo en términos de recursos. Esta discusión se genera porque, en principio, el sistema educativo chileno no diferencia entre establecimientos, de modo de no afectar la elección de los padres. Decimos en principio porque hay diversas fuentes de diferenciación. Por una parte, el financiamiento compartido se ha autorizado sólo a los establecimientos parti- culares subvencionados. Por otra, hay una serie de programas gubernamentales a los que sólo acceden las escuelas y liceos municipales. Por tanto, esta discu- sión se refiere más bien a una de orientación general del sistema de financia- miento, en particular si el gasto público en educación debe canalizarse en una proporción alta a través de un subsidio por alumno que, por su naturaleza, no discrimina entre proveedores educacionales. No parece haber nada en las tres características que mencionábamos que merezca un tratamiento diferenciado. La mayor vulnerabilidad de sus estudiantes debería allegarles, si la subvención está bien diseñada y reconoce los mayores costos que significa alcanzar con esos estudiantes los estándares definidos por el Estado, “automáticamente” mayo- res recursos. La laicidad de los establecimientos municipales tampoco parece justificar un tratamiento diferenciado de recursos. Respecto del hecho de que no seleccionen a sus alumnos, no es evidente, aunque reconocemos que es un asunto debatible, que requieran un financiamiento adicional. Por supuesto, si los establecimientos particulares subvencionados no fueran selectivos no hay problema. Pero se argumenta que lo son, aunque los indicadores utilizados para medir ese fenómeno son muy imprecisos 2 . Antes que una selección guiada por 2 Básicamente son sobre la base de respuestas que los padres emiten en un cuestionario que les es entregado a propósito de la rendición del SIMCE que tienen altas tasas de no respuesta. Además, no es evidente que a partir de las preguntas efectuadas se pueda concluir fehacientemente que los proveedores educativos realicen realmente un proceso formal de selección.