La agenda pendiente en educación: profesores, administradores y recursos: propuestas para la nueva arquitectura de la educación chilena

93 Sebastián Donoso cia que le compete al Estado, a través de su institucionalidad, para responder a las necesidades y garantizar un sistema educativo de calidad, algo muy deman- dado por la sociedad pero insatisfactoriamente cumplido. El nudo crítico central del problema de formación continua está determi- nado por la forma como la institucionalidad ha asumido el papel subsidiario del Estado. Las transformaciones en el diseño derivan en un Ministerio de Edu- cación sin adecuadas facultades para regular el funcionamiento del sistema en toda su complejidad. Esta situación es importante e implica técnicamente dotar a la institucionalidad pública de las facultades para responder por compromisos ante la sociedad. Ello debería traducirse en el diseño y la aplicación de los criterios, nor- mas e instrumentos adecuados para articular el mercado educacional con el mercado laboral docente, lo que implica relacionar la formación inicial con el currículo, con la formación continua, y con la carrera docente y el sistema de remuneraciones. Se requiere generar una instancia de nivel nacional, formal y con una orgánica pública, que oriente, supervise y evalúe esta materia: el Consejo Na- cional de Educación. Una entidad pública autónoma, con presencia territorial, y con representación de las instituciones profesionales, gremiales y locales. Es preciso asimismo diseñar un sistema de carrera docente consistente entre la formación inicial y continua, las necesidades emanadas del currículo y las demandas del mercado laboral. Esto involucra —entre otros— ajustar las exigencias del mercado laboral a las competencias de desempeño de la profe- sión, identificando las competencias y validándolas para después certificarlas, además de establecer y sincronizar regímenes salariales y de incentivos con la secuencia de la formación continua y el dominio de competencias. El nuevo rol que debiera asumir el Ministerio requiere un contrapeso formal del Consejo Nacional de Educación, que articule a los principales res- ponsables de la operación del sistema, de manera que puedan generarse res- puestas sincronizadas, coherentes y oportunas. La coordinación implica asu- mir corresponsabilidades entre las autoridades regionales y los sostenedores públicos y privados. Podrían participar además, con una atribución diferente, representantes gremiales de los docentes y de los estudiantes. Esta entidad sería la responsable de la implementación de las políticas, y de determinar los derechos y deberes de cada actor en este proceso. Dicho Consejo debería tener una sección responsable de las principales tareas, como velar por el cumpli- miento de las metas educativas y el desarrollo de los procesos adecuados para su implementación. Compatibilizando estos criterios con el funcionamiento del mercado la- boral docente, se deben dictar normas de ingreso, permanencia y promoción,