La agenda pendiente en educación: profesores, administradores y recursos: propuestas para la nueva arquitectura de la educación chilena

39 Cristián Bellei, Daniel Contreras, Juan Pablo Valenzuela Un último aspecto desarrollado por el autor es su propuesta de financia- miento general de la educación subvencionada. Beyer propone un financia- miento mixto de la educación pública: por una parte, propone un valor general de la subvención que se duplica en relación a su valor del año 2007 —es decir, aumenta desde unos 32 mil pesos a 64 mil pesos mensuales—; por otra, man- tiene la posibilidad de cobrar a las familias a través del financiamiento compar- tido, aunque —por último— reduciendo el aporte estatal vía subvención para todos aquellos que realizan aportes a través del financiamiento compartido y no solo para un grupo, como es en la actualidad. El autor argumenta que a pesar del potencial efecto que genera el financiamiento compartido sobre la segregación socioeconómica en el sistema escolar, sus beneficios son conside- rables, puesto que permite destinar mayores recursos al sistema educacional, transparenta la existencia de estos para el sistema de financiamiento general de la educación y permite que parte de los recursos que el Estado gastaría en estu- diantes con capacidad de pago sean redestinados a los grupos más vulnerables, por medio de los mencionados descuentos a la subvención. El autor indica que un importante desafío para que su propuesta no genere mayor segregación, sino por el contrario, una alta movilidad de los estudiantes entre los diversos establecimientos subvencionados, es que el monto de cobro del financiamiento compartido sea aplicado a cada estudiante, de acuerdo a su capacidad de pago, y no —como es en la actualidad— que el monto del arancel sea un atributo del establecimiento. La propuesta de Beyer de diseñar un sistema de financiamiento mixto es interesante, pero plantea al menos tres desafíos que —a nuestro juicio— re- quieren su readecuación. El primero es de orden general, pues el esquema pro- duce una situación donde los colegios obtendrían más recursos financieros (vía subvención corregida más financiamiento compartido) a mayor capacidad de pago de las familias de los estudiantes, desapareciendo la pretendida condición privilegiada de aquellos alumnos beneficiados con la Subvención Escolar Prefe- rencial. Segundo, el diseño planteado supera el costo estimado de una educa- ción de calidad, incluso para los estudiantes de bajo nivel socioeconómico, que serían los de mayor costo; en este sentido, cabe preguntarse por qué el Estado debiese incrementar los aportes fiscales más allá de lo necesario. Tercero, en el mediano plazo, la composición social de los establecimientos subvencionados tendería a equilibrarse en función de la capacidad de pago de las familias, re- produciéndose una situación de alta —aunque más refinada— segmentación. En efecto, ¿qué incentivos tendrían los colegios para preferir estudiantes de baja capacidad de pago frente a postulantes de mayores ingresos? Por su parte, Alejandra Mizala en “La subvención escolar diferenciada por nivel socioeconómico en Chile” (capítulo 8), se centra en el diseño y desafíos