La agenda pendiente en educación: profesores, administradores y recursos: propuestas para la nueva arquitectura de la educación chilena

33 Cristián Bellei, Daniel Contreras, Juan Pablo Valenzuela por el alcalde e integrado por representantes de los sostenedores privados de la comuna, del Ministerio de Educación y de la comunidad. Dicha instancia formularía un plan comunal de educación que garantice la cobertura, y privi- legie la integración social y la innovación educativa. Sería a partir de este plan comunal que se aprobarían los planes estratégicos de desarrollo de las escuelas subvencionadas. A nivel regional, al Ministerio de Educación le correspondería, atendiendo la evaluación de dichos planes estratégicos, autorizar la creación de nuevos establecimientos particulares subvencionados y evaluar la continuidad de los existentes. Por último, el Ministerio debería crear un marco para la buena cooperación educacional que sirva para evaluar la gestión de los sostenedores privados, así como mantener un registro público de sostenedores y de estable- cimientos. Es evidente que este novedoso esquema de cooperación dista mucho de la situación actual; en este sentido, una primera debilidad del análisis es no hacerse cargo de su viabilidad política e institucional. Tampoco queda claro cómo se garantizaría la toma de decisiones costo-efectivas en un escenario sin proveedores con fines de lucro y con una institucionalidad como el Consejo Comunal de Educación prácticamente monopolizando las decisiones de plani- ficación e inversión en el territorio comunal. Como se aprecia, tanto para el mundo municipal como el particular sub- vencionado, existe acuerdo respecto a que las limitaciones del arreglo institu- cional vigente han restringido las posibilidades de hacer a ambos sectores más eficientes y de elevar la calidad del sistema educativo. La cuestión sobre qué correcciones se requiere introducir es, en cambio, controversial. A partir del supuesto de que un modelo institucional que considere mejor la diversidad de las comunas y territorios sería más efectivo, es posible abrirse a la idea de un arreglo institucional para la educación pública con diversidad de soluciones, a condición de que sean evaluables y se ajusten en consecuencia. 13 Dicho arreglo debiese reconocer las diferencias que existen entre proveedores públicos y privados. La ecuación compleja de encontrarse es cómo el Estado, manteniendo un espacio importante de desarrollo de la educación particular subvencionada, asume un trato preferente para fortale- cer la educación de su propiedad. Esto supone, al menos, modificar la rela- ción entre el Estado y los proveedores privados a los que financia, así como estimar qué implica la mayor responsabilidad del sistema público y las obli- 13 En la literatura comparada sobre efectividad escolar no existe mucha evidencia sobre modelos institucionales heterogéneos, aunque se han desarrollado experiencias en algunos países de la región. En esta misma perspectiva, el mencionado protocolo entre el Gobierno y los partidos de la Concertación establece la intención de comenzar una experiencia de organización insti- tucional de la educación pública, que permita acumular evidencia para el desafío de transfor- mar el conjunto de la administración educacional pública.