La agenda pendiente en educación: profesores, administradores y recursos: propuestas para la nueva arquitectura de la educación chilena

Debate sobre la educación chilena y propuestas de cambio 32 alternativa tampoco descarta —incluso puede potenciar— el riesgo de influencia política partidista en las decisiones. Respecto de los administradores —y propietarios— de la educación par- ticular subvencionada por el Estado, la discusión ha sido fuertemente influida por el hecho de que las familias optan crecientemente por ella, a pesar de que la evidencia no muestra que —en promedio— estas escuelas hayan mejorado su calidad, ni que sean más eficaces que los establecimientos municipales (Bellei, 2007). Claudio Almonacid en “La educación particular subvencionada como co- operadora del Estado” (capítulo 6), amplía la perspectiva con que se ha debatido al poner la cuestión de la provisión mixta en términos de cooperación públi- co-privado en lugar de competencia entre ambos sectores, para lo cual elabora algunas recomendaciones. El autor comienza describiendo a los proveedores privados con financia- miento público y llama la atención sobre dos características relevantes: el 60 por ciento de los sostenedores son particulares o sociedades comerciales con fines de lucro, mientras solo el 40 por ciento corresponde a iglesias, ONG y fundaciones sin fines de lucro; además, la mayoría de estos proveedores admi- nistra solo un establecimiento. Esta condición de alta heterogeneidad y enorme dispersión debe tomarse en cuenta al momento de mejorar el marco normativo de la educación particular subvencionada en pos de garantizar niveles de ca- lidad creciente. Adicionalmente, Almonacid constata una escasa fiscalización de los recursos asignados por concepto de subvención escolar, a pesar de la existencia de un conjunto de normas sobre esta tarea. La insuficiencia de per- sonal del Ministerio de Educación destinado a ello y la baja frecuencia en la aplicación de sanciones a los infractores, habrían profundizado un escenario de poco efectiva fiscalización. En efecto, una parte importante de las propues- tas legislativas mencionadas aborda este punto, mejorando las capacidades y aumentando las atribuciones fiscalizadoras del Estado. A juicio del autor, desarrollar un sistema educacional de provisión mixta, en que las escuelas particulares subvencionadas constituyan una oferta de calidad, demanda cambiar la naturaleza de la relación entre el Estado y los proveedores privados: se requiere un rol activo del Estado en determinar las normas de fun- cionamiento y en la evaluación permanente del sistema, y —como se dijo— re- emplazar la competencia por la cooperación, lo cual exigiría terminar con el lucro, y fortalecer la transparencia y la rendición pública de cuentas. En este enmarcamiento, la oferta privada debe ajustarse a definiciones de ordenamiento territorial e incentivar y proteger la participación ciudadana en sus comunidades educativas. Una muestra clara de este cambio en la relación público-privado, es la propuesta de Almonacid de crear un Consejo Comunal de Educación, presidido