La agenda pendiente en educación: profesores, administradores y recursos: propuestas para la nueva arquitectura de la educación chilena

31 Cristián Bellei, Daniel Contreras, Juan Pablo Valenzuela por su parte, se refieren a que esta alternativa estaría muy alejada del escruti- nio público (carencia de accountability político), y que sería difícil identificar los criterios de selección y los candidatos para contar con los ‘técnicos mejor capacitados’. Finalmente, los autores afirman que los grandes problemas de la educación tienen siempre soluciones que suponen, al menos en parte, defini- ciones políticas. Fortalecer la participación ciudadana en educación es la segunda alter- nativa analizada. Ella supone el directo involucramiento en las decisiones educacionales de los actores de la sociedad civil de un determinado territorio. La propuesta implica ir más allá de los actuales Consejos Escolares; se reque- riría conformar comités comunales (similares a los school boards existentes en otros países), que tengan alta autonomía respeto del gobierno central y cuenten con atribuciones para la toma de decisión sobre cuestiones adminis- trativas, pedagógicas y presupuestarias. Un modelo como este tendría a su favor otorgar alta legitimidad social a las decisiones que se adopten, aumentar la pertinencia de la oferta educativa al acoplarla mejor con las demandas y necesidades de las comunidades, y aumentar el compromiso de estas con los logros educativos. La desventaja más crítica —que los autores fundamentan en el caso norteamericano— sería la dificultad de construir buenos acuerdos en unos comités de conformación altamente heterogénea, donde primarían los intereses corporativos (especialmente de grupos mejor organizados, como los docentes). Finalmente, se analiza la opción de fortalecer el rol del alcalde. Esta pers- pectiva exigiría una ampliación del marco de actuación de los ediles, dándo- les mayor libertad para tomar decisiones de gestión y de política educativa, incluyendo atribuciones para imponer sanciones o entregar apoyo a docentes y directivos. También se requeriría mejorar la calidad y disponibilidad de la información a los ciudadanos sobre la educación de la comuna. Los autores argumentan que esta alternativa es interesante porque es consistente con el actual modelo de administración y favorece el acountability político sobre la máxima autoridad comunal y el compromiso local con la educación. Con todo, ellos advierten que es muy difícil ‘cobrar’ esta responsabilización, toda vez que existe un amplio dominio de obligaciones del municipio, lo que puede diluir la cuestión educativa dentro de la agenda política local; tampoco es claro cuánto pesa la evaluación sobre la calidad educativa en el voto de los electores para la elección de las autoridades comunales; además en Chile —a diferencia por ejemplo de Estados Unidos— la educación pública no se financia con impues- tos locales, y las familias pueden sin restricciones enviar a sus hijos a escuelas públicas de otras comunas, todo lo cual hace más débil el vínculo electoral entre las familias de los estudiantes y las autoridades locales. Por último, esta