La agenda pendiente en educación: profesores, administradores y recursos: propuestas para la nueva arquitectura de la educación chilena

201 Harald Beyer para el próximo año —tanto respecto de la subvención preferencial como del aumento general de 15 por ciento para la subvención— satisfacen parcialmente los objetivos de este esquema. Complementarlo requeriría recursos adicionales entregados diferenciadamente antes que a través de reajustes generales. A modo de conclusión : una reflexión que incorpora el debate sobre el financiamiento de la educación municipal El esquema de financiamiento por estudiante que existe en Chile tiene enormes ventajas aunque, como se ha visto, se puede diseñar de una forma muy distinta a la actual manteniendo su espíritu y sus bondades. Ahora bien, no es habitual encontrarlo en otros países, incluso aquellos que como Holanda o Irlanda tienen una importante presencia de establecimientos particulares sub- vencionados en su sistema educacional. Suecia introdujo hace poco más de una década un esquema de las características del nuestro, pero aún cuenta con una oferta relativamente menor de establecimientos particulares subvencionados. Para que este sistema de financiamiento pueda desarrollar todas sus po- tencialidades se requiere, sin embargo, que exista autonomía en la gestión de los recursos asignados. La negociación centralizada que ha impuesto el estatuto docente y las restricciones que este contiene debilitan las ventajas de la subven- ción y, de hecho, el estatuto puede eventualmente exponer a dos municipios con ingresos similares a costos muy distintos; por ejemplo, si la distribución de edades de los docentes difiere entre ambos municipios. Hay, entonces, un esquema de financiamiento único, que en estricto rigor tampoco es cierto porque se canalizan recursos a través de vías a las cuales no tienen acceso los establecimientos particulares subvencionados, y un marco regulatorio diferente para los distintos subsectores educativos. Se argumenta, entonces, ante esta constatación que deberían haber es- quemas de financiamiento alternativo. Este argumento tiene dos problemas centrales. Por una parte, las diferencias en la situación financiera de los munici- pios trascienden las restricciones que les impone el estatuto. Hay problemas de gestión que son independientes de esta regulación. En efecto, como muestra el gráfico 4, que presenta para distintas escalas de matrícula la razón de alumnos a profesor en los distintos municipios, las situaciones financieramente débiles de algunos municipios obedece a que operan con razones alumno profesor excesivamente bajas. Aportar recursos para financiar estas ineficiencias sería un error. Esta realidad muchas veces se explica por los costos políticos que podría acarrear para las autoridades comunales un ajuste en la planta docente. Sobre esto véase, por ejemplo, Ricardo Paredes y Valentina Paredes, “Educational Performance and Management under a Rigid Labor Regime”, mimeo, 2007.