La agenda pendiente en educación: profesores, administradores y recursos: propuestas para la nueva arquitectura de la educación chilena

195 Harald Beyer peorando. Nótese que el aporte privado es mayor a medida que el estudiante está más cercano de α en el ordenamiento socioeconómico, esto es proviene de un hogar de mayores recursos, y decrece a medida que nos acercamos a β . A partir de este nivel socioeconómico el Estado aporta el 100 por ciento del financiamiento. En estas circunstancias el grupo inicialmente cubierto le signi- fica al Estado un gasto de A’ inferior a A. Se “libera” un monto equivalente a C que ahora es aportado por las familias. Esos recursos se pueden destinar ahora a elevar el nivel de financiamiento de la educación e incorporar más decidida- mente a aquellos que no son cubiertos por el sistema educativo. Por supuesto, este es un esquema general que acepta numerosas adaptaciones y, por supues- to, formas distintas de diseñar el aporte de las familias o del Estado. La elevación de los aportes de las familias a la educación puede ser re- sistida, sobre todo en un país que, como el nuestro, establece como derecho constitucional una educación gratuita para todos. Por cierto, esta disposición tiene en parte su origen en la obligatoriedad de asistir a un establecimiento educativo. Por supuesto, el problema se atenúa si, como ocurre en la práctica, hay un grado importante de autoselección en la decisión del establecimiento al que se envía a los hijos. Esto podría querer evitarse, pero no es claro como ello se lograría. No parece ser suficiente, por ejemplo, que los aportes privados se prohíban o incluso que la educación sea exclusivamente pública o solo finan- ciada por el Estado. Volviendo al esquema conceptual planeado la resistencia que puede generar seguramente es muy sensible al valor que tome β (esto es la proporción del estudiantado a partir del cual el aporte de las familias es cero y el financiamiento de la educación corre solo por cuenta del Estado). Este indicador depende muy principalmente de la desigualdad de ingresos y en un país como el nuestro no cabe esperar que su valor sea muy alto; por ejemplo, que el aporte privado fuese cero solo en el primer decil o que β tomará el valor 0,9. Por supuesto, si el único objetivo fuese maximizar la contribución de las familias es ideal que este valor se acerque al valor de γ , es decir que todas las familias que tienen a jóvenes estudiando en el sistema educacional contribuyan al financiamiento de la misma. Aunque este aporte, como muestra la figura 2, sea en proporción al nivel socioeconómico de las familias, este objetivo tiene que balancearse con la realidad de ingresos absolutos de las familias chilenas. Es indudable que también hay que resistir la presión para mantener la situación inicial o al menos que β se acerque lo más posible a α . Si ello ocurre, se mini- mizaría la “liberalización” de recursos y se impediría una mayor concentración de los recursos públicos en quienes más lo necesiten. Cabe esperar, entonces, que el debate democrático debería llevar a definir niveles razonables de β , esto es la proporción de familias de las que se espera realicen un aporte al financia- miento de la educación de sus estudiantes.