La agenda pendiente en educación: profesores, administradores y recursos: propuestas para la nueva arquitectura de la educación chilena

192 Más financiamiento en educación y un mejor diseño de la subvención llega a 54 mil pesos (4 USE: el máximo permitido. La mediana del financia- miento compartido está más bien cerca de los 12 mil pesos. Con todo, si el financiamiento compartido es 20 mil pesos, situación no tan infrecuente, en el esquema actual este alumno gastaría un 58 por ciento más que el estudiante sin FC. Ello porque los dos recibirían más o menos el mismo subsidio (el alumno con financiamiento compartido recibe 29.045 pesos y el sin financiamiento compartido, 31.109 pesos). Esta situación genera controversias porque se argumenta que esas dife- rencias de gasto no serían tolerables. Pero si las familias quieren gastar en la educación de sus hijos no es evidente cómo ello puede evitarse. Prohibir el fi- nanciamiento compartido no lo asegura. Los recursos se canalizarán a través de otras vías que pueden ser menos deseables desde el punto de vista de asegurar una mayor equidad en el sistema de financiamiento. En el margen las familias pueden migrar hacia otras comunas. Es lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos que es un sistema de educación pública pero en el cual las diferencias de gasto por estudiante entre estados llegan a casi tres veces. Pero quizás lo más relevante es que al interior de cada estado hay importantes diferencias de gasto por estudiante entre los distintos distritos escolares. Por ejemplo, en estados como Arizona, Oregon, Vermont, las diferencias de gasto superan el 100 por ciento entre los distritos del percentil 90 y 10 de la distribución. En la gran mayoría de los otros estados las diferencias son del orden de 70 a 90 por ciento para los mismos percentiles de la distribución. Además, las diferencias máximas de gasto por estudiante al interior de la gran mayoría de los estados pueden llegar a cuatro veces. En ese sentido tener los aportes de las familias “encima de la mesa” ayuda a un mejor diseño del sistema de financiamiento público. Pero antes de ello probablemente se requiere responder una pregunta previa. ¿Qué aspira a lograr el Estado con su participación en educación? Una respuesta sencilla es todo aquello que decidan los votantes y sus representantes. Conceptualmente una respuesta razonable es asegurar una calidad mínima equivalente a todos los ni- ños, niñas y jóvenes independientemente de su origen social. Pero, ¿cuál es un mínimo aceptable? Las posibilidades son muchas y quizás concite mayor apoyo uno que garantice probabilidades promedio similares de acceder a las carreras y universidades selectivas a los estudiantes que provienen de las distintas de- pendencias educativas. ¿Requiere ello de igual financiamiento para todos? No es evidente. En educación hay un importante componente de consumo que se traduce, entre otros aspectos, en mayor espacio, mejores ubicaciones e inver- siones tecnológicas de punta que no tienen directa relación con el desempeño académico o el desarrollo de competencias y habilidades para insertarse ade- Los interesados pueden consultar el National Center for Education Statistics.