La agenda pendiente en educación: profesores, administradores y recursos: propuestas para la nueva arquitectura de la educación chilena

175 Claudio Almonacid Cooperación público-privada. Por cooperación se debe entender la acción racional orientada a potenciar la colaboración público-privada para lograr los objetivos de calidad y equidad que el sistema educacional se ha planteado para responder a las demandas sociales. Así, la cooperación debe darse donde el Estado no pueda actuar, no quiera o desee promover algún tipo de iniciativa curricular específica, a condición de que el privado se comprometa a colaborar para alcanzar estos objetivos, sin lucrar con los recursos que el Estado le asigne y distribuyendo sus ganancias en sus propios establecimientos. Esta coopera- ción debe darse en un ordenamiento territorial, a nivel de los establecimientos escolares así como a nivel comunal, regional y nacional. Transparencia. Debido a que la cooperación funciona con recursos públi- cos, requiere de altos niveles de transparencia de parte de sus operadores, por lo que deben explicitarse las redes de establecimientos administrados por los sostenedores y la forma de su funcionamiento. Además, los sostenedores deben rendir cuenta pública de sus operaciones. Participación ciudadana. Dado que la Constitución fomenta la responsa- bilidad social de los diversos actores de la sociedad, la participación ciudadana resulta clave. Primero, posibilitando que organizaciones sin fines de lucro co- laboren con la función educativa del Estado, 10 y segundo, potenciando la par- ticipación de los padres y organizaciones sociales dentro de las comunidades educativas, para que puedan formar parte de los Consejos Escolares. Evaluación. El funcionamiento de un sistema educacional mixto de co- operación público-privada requiere evaluaciones periódicas que permitan me- jorar la aplicación y resolver puntos críticos. En el contexto del Proyecto de Ley General de Educación (ver anexo), el sistema de cooperación público-privada funcionaría de la siguiente forma. Respecto de las condiciones de ingreso, el sistema educacional debería exigir a todos los sostenedores un Proyecto Estratégico de Desarrollo Institucio- nal, que considere cuatro dimensiones. Una dimensión pedagógica, donde se establezcan las grandes metas educacionales que el establecimiento pretende alcanzar en un plazo de cinco años; una social, donde el establecimiento se compromete a desarrollar una acción tendiente a la equidad social y educativa; una financiera, que demuestre la viabilidad y sustentabilidad económica del establecimiento en el mediano plazo, y una dimensión administrativa, en la que 10 Al respecto, Ricardo Lagos (en entrevista para la investigación Fondecyt 1050548) señala que en este caso se debe considerar una comandita entre quien financia y un profesional de la educación.