La agenda pendiente en educación: profesores, administradores y recursos: propuestas para la nueva arquitectura de la educación chilena

174 La educación particular subvencionada como cooperadora del Estado siempre que se trate de centros que presten un servicio educativo de reconocida calidad y respondan a iniciativas de carácter cooperativo. Entre las principales fuentes de financiamiento de los centros concertados destacan las cuotas cobradas por cada nivel de enseñanza, que comprenden cobros por actividades docentes y complementarias; las cuotas cobradas por actividades extraescolares, que incluyen el cobro por actividades que son impar- tidas con carácter voluntario a los alumnos fuera del horario lectivo, y las cuotas cobradas por servicios complementarios (contratación de servicios de transporte, comedor, residencia o psicopedagógicos). La experiencia europea aquí analizada, proveniente de los estudios de Andy Green y Ana Villarroya, muestra que muy pocos países han optado por el funcionamiento de cuasi mercados educacionales. Tanto en aquellos en que funciona mayoritariamente (Reino Unido y Holanda) como en aquellos en donde coexiste de manera minoritaria con el sistema público (Alemania, Francia, Países Bajos y España), existen amplias regulaciones estatales porque se entiende que estos establecimientos funcionan con recursos públicos. Si bien la mayor parte se trata de instituciones religiosas, para todos los privados está expresamente prohibido lucrar con dichos recursos. En todo caso, la participación privada tiene un plazo finito renovable. La evidencia internacional permite apreciar que no existe ningún país que desarrolle una experiencia de participación privada en educación que se asemeje a lo que ocurre en Chile, en donde existe amplia libertad de mercado tanto para crear colegios como para mantenerlos. P ropuestas A partir del concepto de “cooperador de la función educativa del Estado” y de la experiencia internacional, se propone un nuevo pacto social entre el Estado y los privados, cuyo objetivo sea mejorar la educación chilena sobre la base de un compromiso del país por la calidad y la equidad. Algunos criterios que pueden orientar un sistema educativo basado en la cooperación son los que siguen. Participación activa del Estado. Dado que la Constitución confiere al Es- tado el doble rol de velar por el cumplimiento del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza, entendiendo que la responsabilidad de educar a los niños y jóvenes la tienen los padres —quienes pueden elegir dónde educar a sus hijos—, no se puede dejar en el mercado el funcionamiento del sistema educacional y esperar que el propio mercado se autorregule. El rol del Estado debe ser activo en determinar las normas de funcionamiento y la evaluación de un sistema educacional mixto.