La agenda pendiente en educación: profesores, administradores y recursos: propuestas para la nueva arquitectura de la educación chilena

171 Claudio Almonacid a cada asignatura a lo largo de todo el año y, por otro, la obligación de todos los alumnos de realizar un examen nacional al finalizar la educación básica y la educación secundaria. Estos controles se suelen extender al cumplimiento de los criterios de admisión de alumnos, la ausencia de ánimo de lucro y el control sobre prácticas discriminatorias, que se concretan en la exclusión de alumnos por la incapacidad de pago de sus familias. Un sistema de inspección central visita periódicamente los centros. Respecto a la creación de centros educativos de titularidad privada, se ha producido desde 1993 un endurecimiento de las condiciones exigidas a los pro- motores de los nuevos centros para obtener fondos del sector público. En los niveles de enseñanza primaria, se exige a los promotores un número mínimo de estudiantes durante un periodo de cinco años, que deberá ser mantenido en los siguientes quince. Ese número mínimo ha aumentado de forma importante en los últimos años, de modo que la cantidad de centros de nueva creación, que era de 74 en 1990, 67 en 1991 y 55 en 1992, se redujo a 13 en 1993 y ape- nas llegó a 5 en 1994. Estos cambios han ido acompañados de modificaciones similares en la regulación del número de alumnos necesarios para mantener las ayudas públicas en los centros ya existentes. En 1992, tuvieron lugar 99 fusiones, en 1993, fueron 270, y, en al año siguiente, 264. Estos cambios han tenido lugar en un momento en el que el número de estudiantes ha disminuido en un 20 por ciento entre 1980 y 1990, y en el que se ha acelerado la secula- rización de la enseñanza. En consecuencia, muchos centros religiosos aceptan estudiantes sin importar las creencias de sus familias. Las dificultades aumentan en enseñanza secundaria pues el sector público solo financia nuevos centros en ausencia de centros similares en los alrededores. Según el estudio de Villarroya (2000), en los países en que existe algún tipo de educación subvencionada, se persigue la equiparación de los gastos por alumno en centros públicos y privados. El alto financiamiento público de estos centros determina que los niveles de intervención sean también elevados. De este modo, además de las regulaciones relativas a las instalaciones físicas y a los requisitos académicos y financieros, estas instituciones están sometidas a una serie de controles sobre los salarios, las credenciales y la contratación do- cente. Esta situación puede apreciarse en los Países Bajos y en Francia, donde los profesores tienen el mismo estatus y seguridad laboral que el profesorado de escuelas públicas. En estos países y en los centros voluntarios de Inglaterra y Gales, existen también regulaciones relativas a los procesos de decisión y a la composición de los órganos de gobierno escolar, para asegurar su funciona- miento democrático. Los controles se extienden también a los procesos de admisión de alum- nos, mediante criterios que buscan dificultar la selección del alumnado por