La agenda pendiente en educación: profesores, administradores y recursos: propuestas para la nueva arquitectura de la educación chilena

17 Cristián Bellei, Daniel Contreras, Juan Pablo Valenzuela —talleres de autoperfeccionamiento en el mismo centro educativo, cursos de capacitación, pasantías nacionales y en el extranjero, entre muchas otras—, la mayor parte de las cuales no han sido evaluadas en términos de su efectividad, paso crucial para mejorar su calidad. En el caso de los administradores, los focos son distintos según se trate de los responsables del sistema de establecimientos públicos o de los propietarios de establecimientos privados. En el primer caso, el análisis se ha concentrado en cómo mejorar la organización y gestión del sistema de establecimientos de propiedad pública para hacerlo más efectivo. Específicamente, se discute si la actual organización institucional, basada en la administración municipal, es o no la más adecuada para producir la calidad y equidad educativas que el país demanda, qué cambios habría que introducir para hacerla más eficiente y efectiva, y —de plantearse modificar esta instancia administrtativa— cuál sería la más adecuada. Ciertamente, ello implica también considerar si es razonable diseñar un sistema público donde coexistan diferentes modalidades de admi- nistración. Sobre los “sostenedores” de establecimientos privados la pregunta es más general: cómo modificar el marco institucional y normativo para garantizar ni- veles crecientes de calidad. En el debate nacional se ha planteado reiterada- mente que el sistema escolar chileno exige pocos requisitos para convertirse en sostenedor de escuelas, para recibir recursos públicos y para abrir nuevos establecimientos educacionales. Aunque frecuentemente atravesado por postu- ras ideológicas, un análisis internacional comparado y un estudio de la efectivi- dad del modelo seguido por Chile en las últimas décadas iluminarán el debate sobre esta cada vez más relevante dimensión. Pero este punto es mucho más que enumerar nuevos requisitos para obtener el “reconocimiento oficial” del Estado. En efecto, cabe preguntarse si toda la regulación en esta área debiera seguir reducida a listar características del sostenedor o de la escuela, en vez de introducir ciertos criterios de racionalización territorial de la oferta escolar financiada con recursos públicos. En lo referido a los recursos, el foco se pone en cómo hacer más eficiente y equitativo el actual sistema de financiamiento de la educación subvenciona- da por el Estado. La pregunta básica a este respecto es determinar las razones que justificarían un incremento generalizado de la subvención estatal (como lo han demandado los sostenedores públicos y privados de educación), la magnitud de dicho incremento y los efectos que se pueden esperar de él. Un segundo aspecto es discutir la conveniencia de diferenciar los mecanismos y/o los montos del aporte estatal para la educación pública y la educación priva- da subvencionada. Finalmente —y para algunos, alternativamente—, tal como lo hace la reciente Ley de Subvención Escolar Preferencial, se debe estudiar