La agenda pendiente en educación: profesores, administradores y recursos: propuestas para la nueva arquitectura de la educación chilena

163 Claudio Almonacid Escasa fiscalización sobre los recursos asignados por concepto de subven- ción escolar. Si bien hay diversas normas para la fiscalización del uso de los recursos públicos entregados a los sostenedores, en la práctica se ven obstaculi- zadas por normativas engorrosas y burocráticas. Un caso altamente publicitado en los medios de comunicación mostró las irregularidades en que incurrió el sostenedor de los colegios Britania, de dependencia particular subvencionada. Este administraba los establecimientos a través de una figura personal, de su familia y de una sociedad constituida para tal efecto. La fiscalización de estas irregularidades demoró un par de años debido a las dificultades del Ministerio para aclarar el entramado legal entre los colegios. Pedro Henríquez, ex jefe de Planificación y Presupuesto del Mineduc, señaló en crónica del diario La Nación que entre las estrategias más comunes para burlar el sistema de subvenciones están declarar planta docente completa sin tenerla, contratar profesores hasta diciembre y obtener de todas formas di- nero para pagar enero y febrero, contratar personas sin título y pagarles menos, no pagar sueldos o cotizaciones previsionales y de salud y cobrar horas de clases que no se hicieron. El Informe de Subvenciones de Diciembre del 2004 señala que solo se cumplió un 45 por ciento de las visitas programadas a los establecimientos prio- ritarios y únicamente se había visitado el 66 por ciento de los establecimientos proyectados en la planificación anual. Se señala que, de los colegios inspec- cionados ese mes, 33,1 por ciento se encontraban funcionando de acuerdo a las normativas; 47,7 por ciento evidenciaron algunas faltas, y 19,2 por ciento habían cometido faltas graves a los requisitos establecidos en la ley de Subven- ciones. Es decir, dos tercios de los establecimientos —considerando municipa- les y particular subvencionados— no cumplían la normativa. Según Pedro Henríquez, el año 2003 se perdieron 25 mil millones de pesos por fraudes cometidos al sistema de subvenciones escolares, lo cual equi- vale al 1 por ciento del presupuesto del Ministerio, situación que se produce todos los años. De acuerdo al fiscalizador Miguel Verdugo, en todo Chile en el año 2000, se pagaron dos millones de horas no realizadas. Escaso personal técnico destinado a fiscalización . Solo existen alrededor de trescientos inspectores de subvención para las 11.296 escuelas y liceos exis- Si bien es cierto la situación de los colegios Britania y su sostenedor constituye un caso par- ticular y no una tendencia estadística, puede considerarse como una situación paradigmática en tanto muestra los límites hasta dónde puede expandirse la acción de un sostenedor en el marco legal vigente. Diario La Nación del 8 de agosto del 2006. http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/ar- tic/20060827/pags/20060827183213.html Información disponible en la página web del Ministerio de Educación. Diario La Nación , op. cit.