La agenda pendiente en educación: profesores, administradores y recursos: propuestas para la nueva arquitectura de la educación chilena

143 Gregory Elacqua, Soledad González, Paula Pacheco Sin embargo, existe una amplia literatura sobre las dimensiones educativas que escapan a la observación y medición y que son también valoradas por la ciu- dadanía (Cuban, 2006). Al mismo tiempo, existe evidencia sobre lo difícil que es cuantificar el éxito y el valor agregado de una escuela (Kane y Staiger, 2002; McEwan et al. 2005 y Mizala et al. 2007). En la práctica se ha extendido el uso del promedio del puntaje obtenido en pruebas estandarizadas del tipo Simce como indicador del desempeño de una escuela. Sin embargo existe literatura especializada que se manifiesta refractaria a este indicador. 11 Una debilidad que también encuentran los técnicos aparece cuando de- ben hacer frente a problemas sociales que pudieran reproducirse al interior de la escuela y la sala de clases. De ello dan cuenta Wong y Shen (2003), quie- nes afirman que hasta mediados de la década de los sesenta, las decisiones educacionales en Estados Unidos estaban en manos de expertos y existían importantes resguardos para evitar que los intereses políticos interfirieran en ellas. Cuando ese país decidió abordar una serie de problemas sociales como la segregación racial, las autoridades políticas tuvieron que intervenir para hacer frente a ellos. Lo que se quiere hacer ver aquí es que los técnicos no cuentan —ni debieran contar— con habilidades para negociar y mediar en conflictos que escapan al ámbito de la discusión técnica. Un ejemplo reciente en Chile es el caso del movimiento de los estudiantes secundarios, la llamada “revolución pingüina”, en mayo de 2006. En él, las rei- vindicaciones de los estudiantes —mejoras en la calidad de la educación, entre otras— no pudieron ser contenidas por la autoridad educacional del momento. Para que ellos depusieran las manifestaciones fue necesario que La Moneda intercediera y asegurara la pronta solución de problemas de “corto plazo”. Las movilizaciones de los estudiantes derivaron en la conformación del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación y en una propuesta para reemplazar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, LOCE, enviada al Congreso en abril de 2007. En síntesis, las soluciones fueron políticas y no técnicas. 11 McEwan, Urquiola y Chay (2005) muestran evidencia que el promedio es una medida poco precisa pues existen errores de medición que se deben a variables ajenas a la prueba misma. Los autores recogen evidencia del Programa P-900, que intervino las 900 escuelas de peor desempeño en el Simce de 1988. Encuentran que algunas de las escuelas fueron mal identifica- das y a eso añaden que, si el mal desempeño que una escuela muestra en un año determinado no es sino un error de medición, es posible que en la medición siguiente los puntajes suban, haya habido intervención o no. Mizala, Romaguera y Urquiola (2007) muestran que en Chile, el promedio del Simce es un indicador que está muy contaminado por otras variables. Los auto- res consideran que rankear las escuelas basándose en los puntajes del Simce que obtienen, es prácticamente igual a hacerlo en base a las características socioeconómicas de los estudiantes de las escuelas. Adicionalmente, de año a año, los puntajes demuestran ser muy variables.