De cobre, microbios y arte

El cobre chileno 91 de impuestos mineros para financiar programas sociales. Como ha señalado la economista Mariana Mazzucato (2013), la iniciativa estatal en materia de innovación ha sido fundamental para que diversos países en su historia den saltos productivos. En ese sentido, a través de Codelco y una red de universidades públicas se podrían desarrollar procesos de innovación tecnológico-productiva que dieran lugar a una vigorosa industria de bienes y servicios asociados a la minería, de cuyos beneficios se favoreciera el conjunto de la sociedad. Sin embargo, eso requeriría quebrar ciertos dogmas económicos y repensar el papel del propio Estado más allá de la función subsidiaria que la Constitución le otorga. El debate constitucional que se avecina tiene que ser visto entonces como una gran oportunidad para enfrentar algunos de estos desafíos. Por un lado, deben desatarse los nudos que limitan la soberanía nacional y ciudadana sobre los recursos naturales. Pero también se debe avanzar en una forma de acción estatal cualitativamente distinta a la empleada en los últimos 40 años: además de recuperar propiedad sobre los recursos naturales, se debe repensar el papel del sector privado nacional y extranjero en la industria minera, pero también se debe avanzar en una explotación mucho más amigable con el medio ambiente y promover la diversificación de la industria paraminera; y, asimismo, fomentar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, en función de aprovechar las múltiples propiedades tanto del cobre como de otros minerales que se extraen en Chile. Por ende, todo debate constitucional no puede reducirse a un problema de elevar el royalty o de una mayor participación del Estado como productor minero. La cuestión es cómo producir una estrategia de desarrollo nacional que nos permita alcanzar una soberanía productiva y sustentable que beneficie a las actuales y futuras generaciones.