De cobre, microbios y arte

De cobre, microbios y arte 80 enfrentaba la dictadura de Pinochet y una presión de los capitales multinacionales por obtener mejores condiciones para extraer minerales significaron que no se produjera un desembarco masivo de inversiones. La Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras de 1982 aseguró la extensión en el tiempo de los derechos de explotación de una empresa más allá de la voluntad de un gobierno o de la propia ciudadanía. En tanto, el Código de Minería de 1983 estableció la propiedad del Estado sobre todas las tierras y yacimientos, y definió los mecanismos para su concesión y explotación a manos de privados. La crisis social y el desempleo masivo durante la crisis de los años ochenta generaron un ascenso importante de las protestas y huelgas, cuyas primeras convocatorias fueron realizadas por los trabajadores del cobre (Ponce, 2017). Originalmente motivada por la falta de inversión y reducción de presupuestos en las mineras estatales, la convocatoria sumó a amplios sectores de la sociedad y se constituyó en el primer desafío abierto a la dictadura militar. El bajo precio del cobre a nivel internacional, la negativa de los grupos neoliberales en el gobierno a la fijación de precios y una crítica soterrada de la oposición a la excesiva desnacionalización del cobre que la nueva legislación podría generar hicieron tambalear la política minera de la dictadura (Tomic, 1986; Valdivia, 2003). No obstante, la recuperación de la economía internacional y del precio del cobre a comienzos de 1987 terminan por consolidar la legislación minera, aunque a diferencia de otros sectores productivos el Estado se reservó una parte de los activos cupríferos. En 1988, Codelco todavía producía cerca del 90% del cobre chileno; no obstante, el retorno de la democracia no implicó una mayor participación del Estado en la gran minería. Por el contrario, desde 1990 se produjo un desembarco de inversionistas extranjeros y el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) prefirió no alimentar desconfianzas que un giro abrupto en la política económica podrían generar, y aceptó una legislación que alentaba la expansión del capital privado en la gran minería (Fazio, 2000). Efectivamente, en el periodo 1990-2000 el