De cobre, microbios y arte

El cobre chileno 77 embargo, el control mayoritario de capitales estadounidenses sobre la gran minería cuprífera —que pasó a ser la principal tras el fin del ciclo salitrero— generó complicaciones que iban desde el escaso aporte generado para las arcas fiscales y la exigua inversión tecnológica, hasta ser fuente de todo tipo de conflictos laborales (Vergara, 2008). Todo esto fue consolidando la necesidad de establecer un nuevo trato entre el Estado y las empresas estadounidenses, y un mayor control nacional sobre los recursos mineros, sin los cuales resultaba imposible planificar cualquier estrategia de desarrollo y responder a las exigencias de mayor justicia de los sectores populares. El camino hacia la nacionalización A comienzos de la década del cincuenta, los temores de volver a despilfarrar la riqueza minera y las necesidades del Estado por elevar la inversión extranjera, la productividad y profundizar la industrialización sustitutiva de importaciones, llevaron a los presidentes Carlos Ibáñez (1952-1958) y Jorge Alessandri (1958-1964) a generar una nueva institucionalidad y promover sucesivas modernizaciones productivas mediante la colaboración entre el Estado y las empresas estadounidenses (Fermandois et al., 2009). En una primera etapa se crea el Ministerio de Minería y la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco); mediante el apoyo de la Corporción de Fomento de la Producción (Corfo), se introducen nuevas tecnologías, se automatizan procesos productivos y se establece un mayor control sobre la fuerza de trabajo; posteriormente, se establece una incipiente externalización de funciones a cargo de empresas contratistas; y, finalmente, se traspasan costos laborales y planes de bienestar al Estado (Vergara, 2004). Se trató de un pacto que comprometía a las empresas estadounidenses a una mayor inversión en el país a cambio de que el Estado asumiera parte de los costos de la mano de obra. Sin embargo, estas transformaciones generaron conflictos