Demandas prioritarias y propuestas para un Chile diferente

13 Demandas prioritarias y propuestas para un Chile diferente. Sistematización de 1.233 cabildos ciudadanos Las temáticas han aparecido con solidez en los datos, y esto muestra gran coherencia con lo planteado desde la ciudadanía en las múltiples y diversas voces durante la movilización en 2019 como posteriormente, así como en consultas ciudadanas concurrentes, como las realizadas por municipios y otras iniciativas. Profundizando en las demandas por ámbito fue posible levantar subcategorías, ya que los registros contienen las propuestas específicas que el cabildo realizó para concretar sus exigencias. Nuevamente existe gran coincidencia, como puede observarse en detalle en las infografías nacionales correspondientes. De una forma transversal las demandas se vinculan a la vida digna, a las garantías de universalidad, protección social y equidad en derechos fundamentales como educación, salud y trabajo, entre otros/as. La nueva constitución es un planteamiento contundente y transversal con un 69,8% de menciones (861 cabildos) a lo largo del país, y un 32,3% de esos cabildos establecieron específicamente la forma en que proponen llegar a ella, señalando la Asamblea Constituyente. Para el texto constitucional fueron demandas principales las garantías de derechos económicos, sociales y culturales, como salud, educación, seguridad social (14,7%), también se postula incluir el derecho al arte y a la cultura, al medio ambiente y los derechos de la naturaleza. Fortalecer el rol protector del Estado en general y la protección de derechos de grupos específicos, como pueblos originarios, y personas en situación de discapacidad. Junto a ello 129 cabildos manifestaron la necesidad de poner fin a garantías que actualmente favorecen en nuestra constitución un rol subsidiario del Estado y el mercado con derechos sociales. “El tema del estado subsidiario. Que constitucionalmente bloquea la participación del Estado en cuestiones que son fundamentales para la vida, y que algunos privados han transformado en un puro negocio. Debemos tener un Estado garante de derechos” Cabildo 1170 Linares. El fortalecimiento del rol del Estado se expresa como una exigencia transversal, su rol y el mandato de regulación de la participación del sector privado aparece vinculado a muchos de los grandes temas y a la defensa de la ciudadanía frente al abuso, donde varios aspectos están concretamente planteados: como precios de medicamentos en salud, regulación de créditos y tasas bancarias en el modelo económico, entre otros ejemplos. En el caso de Vivienda la demanda de “vivienda digna” expresada en 125 cabildos solicita responsabilidad del Estado en su garantía, y mínimamente la regulación del mercado inmobiliario. Por su magnitud también el cambio de modelo económico constituye un ámbito de exigencia visible en los datos, con 463 cabildos (37,5%) que resaltan por ejemplo el fin del modelo extractivista (124), la desprivatización de servicios públicos (106) y acceso universal y equitativo de las personas a ellos como derechos básicos, incluido el acceso a áreas verdes y espacios recreacionales. En 83 cabildos se menciona la oposición al Tratado Transpacífico. Mejorar las pensiones es una demanda sólida y principal (68,5%; 845 Cabildos) que puede resumirse con una frase recurrente en las actas “pensiones dignas”; donde un 30,4% de los cabildos que lo exigen (374) aluden mejoras en sus montos y en otras muchas condiciones. Para 267 (21,7%) de estos cabildos se requiere un nuevo sistema de pensiones, y se mencionan características como solidaridad, sistema de reparto, responsabilidad del Estado, y un 26,9% (330) de ellos señala concretamente el fin de las AFP y de su modelo. Educación y Salud , con un 73% y un 68,2% respectivamente, de cabildos en que son señaladas como demandas prioritarias muestran en el análisis ser concebidos como derechos fundamentales y prioritarios a conseguir, y reunen en cantidad, y en diversidad, el mayor conjunto de propuestas De una forma transversal las demandas se vinculan a la vida digna, a las garantías de universalidad, protección social y equidad en derechos fundamentales como educación, salud y trabajo, entre otros/as.