Gobernanza y protección de derechos civiles y políticos en contexto de Pandemia COVID-19

COVID-19, durante el abordaje de la crisis sanitaria y, a partir de su grave- dad y urgencia colectiva, este sistema se vio obligado a generar una inte- gración mucho más amplia, no tan solo destinada a proveer las prestacio- nes de salud, sino que a garantizarlas. Antes de marzo de 2020, algunas prácticas daban cuenta de la interacción entre el aseguramiento público (FONASA) y la prestación privada. La compra de camas en clínicas en convenio para beneficiarios del sistema público durante los inviernos, la realización de diálisis para pacientes con insuficiencia renal en centros privados cercanos a hospitales públicos, o el funcionamiento de una lista única para la gestión de trasplante de órganos, son ejemplos de algunas de estas prácticas. Por el contrario, las largas listas de esperas quirúr- gicas electivas y los déficits en la atención de las urgencias del sistema público -dentro de muchas otras aristas- han contribuido a la percepción generalizada de la existencia de una atención de salud para ricos y otra para pobres, perpetuando la lógica individual y de “libertad de elección” limitada al poder adquisitivo, como expresión de un modelo económico que privatiza el bien común y “libera” al Estado de su responsabilidad, creando un mercado marcadamente neoliberal en torno a la salud. Aún en desarrollo, la pandemia ha sido abordada con un énfasis en la atención hospitalaria. De acuerdo con la dinámica de la situación, los pa- cientes han sido derivados por múltiples vías a los centros que pueden darles mejor respuesta, en términos de atención de urgencia como de disponibilidad de camas críticas. Independientemente del juicio que pue- da realizarse sobre esta decisión y su costo de oportunidad en términos de la ética en salud pública, los pasos administrativos y logísticos realiza- dos terminaron configurando el funcionamiento de un sistema totalmen- te integrado de atención. De esta forma, aunque limitado a la patología derivada del COVID-19 y a la prestación hospitalaria de mayor comple- jidad, en la práctica, las personas han recibido atención de acuerdo a su necesidad y han aportado de acuerdo a su posibilidad económica, o a través de sus cotizaciones, cuando existen. La tan temida integración público-privada mediante una práctica sin dis- criminaciones era posible. Constatar su puesta en práctica no hace más que respaldar la reiterada propuesta de generar un seguro único y univer- sal de salud, impulsada ya hace varios años y obstaculizada por la apatía política de un sector que debiese promover mayores cuotas de justicia social y por las barreras institucionalizadas en nuestra actual Constitu- ción. Es muy probable que, en la discusión de la nueva carta magna, el .84. POSITION PAPER N°2 PROGRAMA DE SALUD GLOBAL