Gobernanza y protección de derechos civiles y políticos en contexto de Pandemia COVID-19

La encuesta CEP de diciembre 2019 dio cuenta de cómo la confianza en las radios entre 2008 y finales del 2019 decreció de un 50% al 29%, en la televisión de un 38% al 8% y en los diarios de un 34% al 11% (CEP, 2019). Paralelamente, la desconfianza también se hizo extensiva a los periodistas que durante el estallido social y en medio de las movilizacio- nes fueron objeto de la molestia de los manifestantes por el sesgo polí- tico evidente de sus despachos, donde se desvirtuaba el carácter de la protesta mostrando solo su lado más violento. Sin embargo, pese a ello, estos medios de comunicación tradicionales siguen representando una de las principales formas de informarse de una parte importante de la po- blación que no tiene acceso al cable o no utiliza redes sociales; situación ante la cual evidentemente aflora la importancia de las personas a cargo de entregar la información sobre las medidas sanitarias. En una situación de crisis como la pandemia del COVID-19, la comunica- ción no fue la adecuada. El ministro de salud de un gobierno desgastado y con poca credibilidad de la ciudadanía, con una personalidad poco em- pática fue la persona encargada de informar los avances de la pandemia y las medidas a seguir por parte de la población. El modo de hacerlo fue a través de transmisiones conjuntas de todos los canales de televisión abierta donde los recurrentes errores del ministro de salud en su forma de explicar los eventuales escenarios futuros de la pandemia no permi- tieron revertir la pérdida de confianza en las autoridades a cargo. El errático modo de comunicar del gobierno que pasó desde la soberbia de minimizar los efectos que tendría la pandemia sobre los chilenos, dada la supuesta preparación del sistema de salud para abordar el problema exitosamente, a tener que reconocer una cuantas semanas después que se había subestimado las cifras de contagiados y muertos, explicando los cambios que se hicieron en más de una oportunidad en el modo de registrarlos e informarlos, haciendo evidente las disparidades entre lo in- formado por el gobierno con las cifras manejadas por especialistas de Universidades o las de Espacio Público, no solo contribuyó a aumentar la incertidumbre, sino que más bien acrecentó las sospechas y dudas res- pecto a las decisiones que se estaban tomando, incidiendo en que una parte de la población no le tomara el peso a los riesgos que implicaba el COVID-19. Paralelamente, esta actitud no contribuyó a despejar las sospechas y las preguntas sin respuesta sostenidas en torno a los es- pacios y los montos pagados por el arriendo de espacios privados para residencias sanitarias y los supuestos vínculos de sus propietarios con algún personero de gobierno. .69. CONFIANZA EN LAS AUTORIDADES LORETO REBOLLEDO Directora del Instituto de Comunicación e Imagen.