Policy Brief : Propuestas para repensar las viviendas y el habitar Chile

Abordaje desde las Políticas Públicas Las cifras presentadas en el apartado anterior dimensionan los múltiples problemas de habitabilidad, así como la falta de acceso a servicios básicos y entornos precarios, con multi amenazas latentes que ni los gobiernos locales ni la pobla- ción están preparados para enfrentar. Las soluciones tienen que construirse con la participación ciudadana, así como con actores técnicos articuladores más que políticos, puesto que resolver desde un enfoque multidimensional la medición de la pobreza y su consecuente vulnerabilidad implica recono- cer y trabajar las políticas públicas asumiendo desde el inicio que habrá sectores con incapacidad de responder a regula- ciones y leyes por falta de ingresos. Aunque las leyes deben ser cumplidas por todos los ciudadanos, para lograrlo hay que buscar más y nuevas estrategias para que eso pase, como comprender -por ejemplo- que debido a la pobreza hay ca- rencias prioritarias que dificultan el cumplimiento normativo, ya que las carencias en el bienestar se invisibilizan e incluso se normalizan y el Estado no tiene un trato específico para una adopción más efectiva de las regulaciones para estos sectores. Las políticas públicas no deberían normar sin distinguir las ca- racterísticas de la población, sino más bien deberían hacerse cargo de las debilidades y falencias existentes. Por ejemplo, el índice de priorización territorial para la regeneración urba- no-social que propone la Fundación Vivienda (2019) señala que: “al lograr caracterizar tanto la demanda habitacional como la vulnerabilidad socio-educacional y las opor- tunidades urbanas de cada barrio, es posible desarro- llar un mejor diagnóstico del territorio urbano a fin de identificar las zonas de mayor potencial para la rege - neración urbana a través de la densificación a micro, pequeña y mediana escala” (p.20). Sin embargo, a pesar de que este sea un propósito acerta- do carece de la complejidad que significa habitar un territorio vulnerable considerando los riesgos y desastres socionatu- rales y el tipo de actividades que desarrollan sus habitantes. No bastaría solo con estos aspectos y habría que incorporar actualizaciones a las exigencias cruzando los planes regula- dores con el uso del suelo, en particular zonas habitadas y de desarrollo de actividades de riesgo que puedan afectar a otros (caso Beirut). En segundo lugar, se debe avanzar en el com - promiso de nivelar con equidad, apoyando a aquellos más vulnerables y realizar labores de fiscalización, ya que sin esto las normas y leyes resultan en letra muerta. Esto incluye a los municipios, quienes sin excusas deben implementar mejores sistemas de seguimiento preventivo de cómo se está usando el territorio que está bajo su responsabilidad, dictando nuevas normas e implementando nuevos subsidios si se requiriese. Es necesario que el Estado regule el negocio inmobiliario especulativo y rentista de Chile (Contreras, 2011). Diferentes investigaciones han develado que existen rentistas especia- lizados en comprar más de 100 departamentos evadiendo el pago de impuestos y contribuciones. En Chile desde el 2009 hasta la fecha, los precios de la vivienda crecen sostenida- mente sobre los ingresos de la población (OCDE, 2020). El desarrollo inmobiliario capturador de rent gap en comunas pericentrales y centrales de Chile refleja aún más, la desre - gulación de la vivienda y la comprensión de ésta como ob- jeto y no como sujeto colectivo. Incluso, las propias políticas habitacionales han evidenciado que una mayor construcción de viviendas de interés social en zonas periféricas no reduce los valores de precio de suelo, volviendo más complejo el acceso equitativo de éstas (Contreras, 2011). Por último, en un sentido más práctico hacia la aplicación de la OGUC, hay muchos ejemplos, tantos que habría que implementar un mecanismo permanente de revisión y ac- tualización que considere una planificación integral y diná - mica. Entre otras, la calificación energética y el aislamiento de viviendas, un tema estrechamente relacionado con el consumo nacional anual de leña estimado en 11.770.675 m3 estéreos (st.), siendo la X región la que presenta el mayor consumo (3,1 MMm3 st./año), seguida de la VIII región (2,3 MMm3 st./año), y de la IX región (2,0 MMm3 st/año) según datos de CDT-MinEnergía (2015). Al no declarar por ley a la leña como biocombustible y dar las atribuciones para su regulación, el Estado opta por una iniciativa, parte del Plan de Transición Energética, que busca incentivar la utilización de calefacción eléctrica en su reemplazo beneficiando a co - munas como Coyhaique, Puerto Aysén, Osorno, Temuco, Pa- dre Las Casas, Los Ángeles, Chillán, Chillán Viejo, Rancagua y Machalí. La leña es el combustible más competitivo y la para- fina el sustituto más cercano, la cantidad de leña consumida se relaciona positivamente con el número de ventanas y con la materialidad de la vivienda (Bustos y Ferrada, 2017). Nue - vamente la normas genéricas de la OGUC no se ajustan a las necesidades específicas, algo similar al analizar la implemen - tación del recambio de artefactos de calefacción, o respecto a la actualización de más de 60 normas con el propósito de construir en madera en mediana altura (MINVU, 2019), 8 UNIVERSIDAD DE CHILE Vicerrectoríade Inves tigaciónyDesarrollo INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN CREACIÓNARTÍSTICA POLICY BRIEF S e r i e D o m e s t i c a r l a C i u d a d