Policy Brief : Propuestas para repensar las viviendas y el habitar Chile

Déficit habitacional Se puede constatar un alto gasto del Estado en Fondo de Emergencia. Por ejemplo, para el 2010 fue de cerca de 191 mil millones de pesos y en 2015 se alcanzó un monto aproximado de 197 mil millones de pesos (Carrie, 2018), siendo esta cifra solo relacionada al gasto ejecutado por ONEMI. Un seguimien- to a cifras desagregadas señala que las ventas de viviendas de emergencia en 2010 ascendieron a más de 75 mil millones de pesos, mientras en 2015 a aproximadamente 7 mil millones de pesos y en 2016 a unos 2,5 mil millones de pesos, señalando la constante demanda por viviendas provisorias a pesar de la variación de la cifra. Aunque las familias migren a soluciones definitivas las viviendas de emergencia seguirán en uso. Desde la perspectiva del déficit habitacional, dividiendo las necesidades entre hogares allegados, núcleos allegados ha- cinados y/o viviendas irrecuperables sólo se ha logrado una reducción del 30,6% entre los años 1996 y 2015, retrocediendo desde 563.988 unidades deficitarias a 391.546 (Ministerio de Desarrollo Social, 2015). Al 2017 Fundación Vivienda (2019a) estimó en 349.989 el déficit de viviendas desagregadas en allegados, hacinadas e irrecuperables. Entre ellas están repar- tidas las más de 850 mil personas migrantes que fueron cen- sadas en 2017, estimándose en un 13,3% el déficit habitacional de este grupo, esto es 46.517 familias que están en alguna de las condiciones descritas anteriormente. Al déficit cuantitativo, estimado por el MINVU en 393.613 viviendas (MINVU, 2017), deberíamos sumar el déficit cualitativo que se calcula con el Índice de Calidad Global de la Vivienda, cuyos indicadores el Censo de 2017 no incluyó. No obstante, la Encuesta CASEN 2017 estimó el déficit cualitativo en 1.303.484 viviendas que requerían mejoramiento, ampliación o tenían déficit de servi - cios básicos de saneamiento. Esta cifra aumentaría conside- rablemente en caso de ampliarse a otras condiciones de salu- bridad, como temperatura, humedad y ventilación, teniendo en cuenta que el saneamiento actualmente solo considera la provisión de agua y la eliminación de excretas. El problema se acrecienta aún más cuando el análisis va ahon- dando en la raíz. La última Encuesta CASEN dio cuenta de un fuerte retroceso, exponiendo un déficit de 497.560 viviendas (Fundación Vivienda, 2018). En octubre de 2019, la Fundación Vivienda (2019b) publicó el estudio “Allegados, una olla de pre- sión social en la ciudad” aportando nuevos antecedentes so- bre déficit habitacional y cuestionando el mercado inmobiliario privado, dejando en evidencia los problemas de segregación y precariedad en que vive gran parte de la población. En la ac- tualidad, 1.528.284 personas, equivalentes al 8,6% de la pobla- ción, viven bajo la línea de la pobreza medida por ingresos y un 20,7% se encuentra en situación de pobreza multidimensional, mientras en casi 500 mil hogares hay allegados en hacinamien- to. Paralelamente, la Encuesta CASEN de 2015 señaló que desde la perspectiva territorial la distribución de población urbana es de 87,8% respecto de la población rural que alcanza al 12,2% a lo largo del país, con ello el 84% del déficit se concentra en zonas urbanas y el 16% en zonas rurales, porcentaje que a su vez representa a un 37,4% de la población rural que vive en pobreza multidimensional en Chile (MIDEPLAN, 2015). Habiendo planteado anteriormente que parte de este déficit ha sido históricamente cubierto con viviendas de emergencia, es posible demostrar que esta solución provisoria termina em- peorando el problema (Garay et al 2017, Garay et al 2018, Ga - ray et al 2019) cuando el Estado es incapaz de satisfacer toda la demanda y cubre sólo una proporción menor al 30% de una cifra de déficit habitacional que aumenta continuamente, tal como se está volviendo a resolver con la crisis actual de pandemia, en donde la solución social desde las ONGs y otras entidades, vuelve a poner a las viviendas de emergencia como solución a la contingencia. Otra arista, muestra al mercado privado brindando soluciones habitacionales que incumplen los estándares mínimos, como ha quedado demostrado en el estudio de Hernández (2020) quien analizó la oferta de más de 180 fabricantes de viviendas en madera en la zona centro sur de Chile. A pesar de no acceder a cifras de producción debido a que el sector no lleva estadísticas de su actividad, el autor propone una metodología de evaluación que de- nomina “Índice integral de seguridad para viviendas nuevas” cuyo propósito es vigilar y valorar el cumplimiento normativo y su ajuste a temas territoriales y amenazas particulares de las viviendas, más allá de las regulaciones de la OGUC que se deben cumplir cuando se presenta la solicitud de recepción final; frente a esto queda claro que las regulaciones se deben ir actualizando, siendo el plan de aislamiento energético una muestra (Figueroa, 2014, Valencia 2013, Mann 2015). Más evi- dencias de la peligrosa precariedad de estas soluciones radi- can en la falta de recepción final de obras, situación que fue demostrada en el trabajo de Vergara (2020) y González (2019) sobre infraestructuras de viviendas en la comuna de San José de Maipo frente a la ocurrencia de incendios forestales de interfaz (Castillo et al, 2020), en donde el 70% de las viviendas no ha contado con recepción final, agregando mayor insegu - ridad a viviendas aisladas y de difícil acceso, con ampliaciones irregulares o por lo general antiguas. 7 UNIVERSIDAD DE CHILE Vicerrectoríade Inves tigaciónyDesarrollo INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN CREACIÓNARTÍSTICA POLICY BRIEF S e r i e D o m e s t i c a r l a C i u d a d