Mejorar la educación : aprendizajes desde la investigación educativa

Alejandra Falabella 206 Conceptualización de la rendición de cuentas por desempeño Las políticas no funcionan de forma aislada; se funden, en contextos específicos, con discursos que otorgan sentidos, y se sos- tienen sobre una red de otras políticas, las que pueden intensificar, contraponer y/o inhibir la política en cuestión. En el caso de Chile, las políticas de evaluación no consisten meramente en un paquete de evaluaciones. Es mucho más complejo que aquello. El sistema de evaluación se inserta en una política de rendición de cuentas con altas consecuencias. El hecho de no solamente eva- luar estandarizadamente a nivel nacional el desempeño de los/as estudiantes, sino que además publicar dichos resultados por escuela, clasificar los establecimientos según su desempeño y ligarlos a incen- tivos, sistemas de asesoría/capacitación y eventuales sanciones, hace que se transforme en un modelo «de altas consecuencias», imple- mentado también en otros países como Estados Unidos, Inglaterra y Nueva Zelanda. Los artículos compilados por Javier Corvalán, Alejandro Carrasco y Juan Eduardo García-Huidobro en el libro Mercado escolar y oportunidad educacional (2016) resultan de mucho in- terés para comprender cómo la política de evaluación, desde este enfoque, se instala además en un esquema competitivo de (quasi) mercado escolar que implica libre elección parental, financiamiento competitivo por alumno ( voucher ) y liberalización de la entrada y salida de proveedores privados. El Estado, en este caso, produce el mercado educativo ( market-maker ) al formular un financiamiento competitivo, pero también al crear artefactos que le asigna –de ma- nera centralizada– valor a la oferta escolar por medio de puntajes, rankings y clasificaciones de «calidad escolar», generando de este modo jerarquías, diferenciaciones y competencia entre proveedores por un capital económico y simbólico. La transacción mercantil, por ende, no es una relación dual entre oferta y demanda, sino que es triangulada y guiada por el Estado. Bajo este esquema, el Estado, lejos de reducir su poder, mantiene e incluso incrementa su control sobre la dispersa red de proveedores privados y públicos, ejerciendo, en palabras de Rose y Miller (1992),