Sexualidad e inclusión de personas con discapacidad

32 En síntesis... 1 Los programas ven en el pleno ejercicio de los derechos humanos el fin último del desarrollo. 2 Las personas son consideradas agentes principales de su propio desarrollo sexual y reproductivo, en lugar de receptores pasivos de talleres informativos sobre el tema. A su vez, la planificación de programas de educación sexual deben resguardar a las personas con discapacidad como agentes activos de su propio bienestar, tanto en el sistema de salud, social e institucional. 3 La participación de toda la comunidad y las estrategias de empoderamiento deben ser consideradas como un medio y como un objetivo. 4 Los programas se centran en grupos de la población marginados y excluidos, sin centrarse en el déficit o diagnósticos de las personas. Por lo mismo, los programas tienen como objetivo reducir las desigualdades y empoderar a quienes se han quedado atrás. 5 El análisis de situación se utiliza para identificar las causas inmediatas, subyacentes y fundamentales de los problemas de desarrollo. El análisis incluye a todos los grupos de interés, entre ellos, las capacidades del Estado como principal garante de derechos y el papel de otros agentes no estatales. 6 Se promueve el desarrollo y el mantenimiento de alianzas estratégicas dentro de los equipos, entre la comunidad y con actores claves del Estado y Organizaciones Civiles. 7 Los derechos sexuales y derechos reproductivos se enmarcan en el hecho de que el Estado chileno ha suscrito una serie de acuerdos internacionales, por lo que todos los profesionales de salud tienen el deber ético de incorporar en la atención de las/los usuarios/as con discapacidad el enfoque de derechos sexuales y reproductivos a toda actividad ya sea de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en salud. 8 La asistencia personal es un Derecho Humano de las personas con discapacidad o diversidad funcional, dado que en la Convención se hace mención específica a la Vida Independiente. En este servicio, el financiamiento de los servicios sigue a la persona, dado que ella define el grado de control que desean tener sobre la prestación de los servicios, según sus necesidades.