Extensión con sentido país: innovando en las prácticas de extensión, vinculación con el medio y comunicaciones en la Universidad de Chile 2016-2018

108 1. Efectuar un diagnóstico social y productivo de las comunidades Cahuin, Domingo Marican, Luciano Manque, Mahuidache y Juan Huenchual. 2. Caracterizar el potencial productivo de los predios que serían entregados por adquisi- ción de la CONADI, con su respectiva cartografía y subdivisión de hecho, junto con la planificación participativa de la meta predial. 3. Fortalecer a las comunidades a través de la capacitación de sus integrantes en planifica- ción participativa, redes de apoyo y fortalecimiento organizacional. 4. Proponer mecanismos de coordinación interinstitucional regional y comunal, que posibiliten formular proyectos y concretar inversiones desde distintas fuentes de fi- nanciamiento. 5. Desarrollar acciones para apoyar los procesos de encadenamiento productivo y co- mercialización de bienes y servicios a generar en las unidades económicas campesinas de los predios piloto. 6. Sistematizar la experiencia del plan piloto y diseñar una propuesta metodológica que pueda ser aplicada a las comunidades indígenas de las regiones del Bío Bío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. El proceso histórico por el cual han pasado las comunidades indígenas del país, sobre todo el caso de las comunidades mapuche del sur de Chile -desde la entrega de títulos de merced, la usurpación de tierras, la reforma agraria, y el posterior proceso de desarrollo de la industria forestal en territorios indígenas asociados al gobierno militar (Meza-Lo- pehandía, 2019)- ha provocado una pérdida de rasgos importantes de su cultura e iden- tidad étnica, valiosos para su desarrollo (Durston y Duhart, 2003). El proceso de restitución de tierras indígenas contemporáneo se ha desarrollado en Chi- le formalmente a partir del establecimiento de un mecanismo para la adquisición de éstas, estipulado en la Ley 19.253. Esta ley señala en su artículo 20 la creación de un Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, administrado por CONADI, a través del cual se podrán entregar subsidios para la adquisición de tierras a comunidades y financiar mecanismos que permitan la resolución de conflictos en torno a la tenencia de éstas (MIDEPLAN, 1993). Desde su implementación, CONADI ha restituido año a año tierras indígenas, las cuales durante el año 2018 alcanzaron las 6.500 hectáreas (CONADI, 2018). Si bien este proceso ha permitido responder en parte a la reivindicación de tierras indígenas, se ha desarrollado careciendo de consideraciones culturales importantes que permitan una apropiación exitosa por parte de las comunidades, en cuanto al uso de los terrenos restituidos. Mas aún, el proceso de devolución de tierras por parte del Estado se ha desarrollado sin brindar apoyo técnico pertinente a las comunidades, apoyo que podría permitir manejar el propio capital humano de trabajo y conocer las potencialidades productivas de los predios restituidos. Dicha situación se ha traducido en que existan casos en que los terrenos restituidos queden en desuso, sean arrendados informalmente a terceros o bien, cedidos en medierías. Este vacío actual, que se genera por la implementación de la política de restitución de tierras de la CONADI, es el problema que el proyecto buscó resolver. Mediante un apo- yo técnico-productivo y organizacional a las comunidades beneficiadas por el art. 20