Kinesiología y discapacidad, perspectiva para una práctica basada en derechos

43 del programa. Los porcentajes corresponden a un 19,4% de personas con dependencia severa y un 24,8% de personas con dependencia moderada (total entre ambos: 44,2%) (SENADIS, 2004; MINSAL 2014). Desde hace varios años, en Chile existe un programa dirigido a personas de todo tramo etario con dependencia severa. En sus comienzos se denominaba “Programa de apoyo al cui- dado domiciliario de personas postradas”; sin embargo, hoy sabemos que el término “postrado” no es el adecuado, por lo tanto, el programa actualmente lleva el nombre de “Programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa”. A pesar de este cambio, aún existen muchos profesionales que continúan utilizando el concepto antiguo, transformándose en una barrera constante en el avance del cambio de paradigma y en el enfoque de derechos de las PeSD; además, en muchas ocasiones son los profesionales encargados del programa de cada centro los que utilizan este lenguaje, generando un cír- culo vicioso en el que el resto del equipo y los estudiantes que realizan sus internados y pasantías van replicando los términos inadecuados. El Programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa, se dirige a personas de todo tramo etario que presenten una condición de dependencia severa sin importar el origen de esta. El nivel de dependencia se evalúa con el índice de Barthel, con el objetivo de otorgar a las personas, su cuidador(a) y familia, una atención integral y biopsicosocial en su domicilio, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y potenciando su recuperación y rehabilitación (MINSAL, 2014). El programa se sustenta en dos componentes: • Componente 1: incluye visitas domiciliarias integrales, visitas de tratamiento y/o procedimientos y visitas de seguimiento. • Componente 2: corresponde a una entrega monetaria para aquellos cuidadores(as) que cumplan con ciertos requisitos, relacionados principalmente con el nivel socioeconómico (MINSAL, 2014). En relación con el equipo de profesionales para realizar estas funciones, estos corresponden a quienes ya forman parte del equipo de salud de cada establecimiento. Generalmente el equipo se ve reforzado solo con algunos profesionales contra- tados específicamente para ello, lamentablemente eso queda a criterio de cada municipio, y solo en algunos centros incor- poran al profesional de kinesiología con horas de dedicación exclusiva para este programa. Esta situación va en desmedro de las necesidades de las personas, ya que claramente una de las prestaciones básicas para aportar a los objetivos del programa debiese ser la atención kinesiológica; este es un desafío para las futuras generaciones al momento de presentar propuestas o planes de mejora, teniendo presente estas falencias y la oportu- nidad de proponer con fundamentos la incorporación definitiva y constante del kinesiólogo o la kinesióloga a este programa. 1.5. Programa Chile Crece Contigo. La infancia, principalmente la gestación y los tres primeros años de vida de un niño o niña, es un periodo crítico en el desarrollo integral de todas las personas, ya que es cuando se establecen los cimientos de las futuras competencias y capacidades de los sujetos para su etapa adulta, en la que logrará total autonomía y productividad transformándose en capital humano de valor que podría aportar al desarrollo social y económico sustentable de su comunidad. Es en este período particular de la vida, en el que la alta conectividad entre las neuronas permite que un entorno de crianza enriquecido a través de cuidados sensibles y afectivos, logre un desarrollo cerebral adecuado que expresará las máximas potencialidades de un niño, posterior adolescente y finalmente una persona adulta sana física y mentalmente. Estos entornos enriquecidos son entendidos como “una buena nutrición, salud, oportunidades de estimulación y aprendizaje temprano, protección social y protección contra todas formas de violencia infantil” (Escamilla, 2017). El Programa Chile Crece Contigo (ChCC) tiene por objetivo acompañar, proteger y apoyar a niñas y niños desde su periodo de gestación hasta los 8 años de edad, gestionando integradamente acciones coordinadas que protejan y promuevan condiciones de desarrollo que disminuyan la desigualdad de oportunida- des, ofreciendo una canasta de servicios médicos y sociales, información y suministros a todas las mujeres embarazadas inscritas en el sistema de salud pública, así como a sus hijos una vez que nacen (Gobierno de Chile, 2019). Este programa, además, reconoce que es la infancia la etapa en la que pueden establecerse las diferencias producidas por la pobreza y la mala calidad de los cuidados y que esto tendría serias consecuencias en el desarrollo cerebral del niño o la niña, repercutiendo incluso en el desarrollo de su potencial intelectual, socioemocional y las condiciones de salud (Black, 2017). Por consiguiente, los programas que intervienen tempranamente en la calidad de los cuidados, tales como “salud, nutrición, seguridad y protección, cuidado receptivo y aprendizaje temprano, proporcionados por las interacciones de los padres y la familia, y respaldados por un entorno que permita estas interacciones”, tienen mejores resultados que la intervención que se realiza en etapas poste- riores (Britto, Lye, Proulx, Yousafzai, Matthew, Vaivada et al, 2016). Esta evidencia respalda la inversión en programas como ChCC, debido a su enfoque multisectorial en los cuidados de la primera infancia y la proyección a alcanzar mejores niveles de desarrollo del capital humano de las comunidades al intentar reducir progresivamente los altos niveles de inequidad social que aún se dan en nuestro país. Es necesario recordar la importancia que ha tenido la Conven- ción sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 1989 – ratificada por Chile en el año 1990 –, en la que se declaran cuatro principios fun- damentales: la no discriminación, el interés superior del niño y de la niña, su supervivencia, desarrollo y protección, así como su participación en decisiones que les afecten (UNICEF, 1989). Esto ha permitido que las políticas públicas de nuestro país