Kinesiología y discapacidad, perspectiva para una práctica basada en derechos

30 opiniones que consideran que el trabajo sexual es una categoría degradante en el trato humano y que, por lo tanto, debería ser abolida. En este modelo prohibicionista se busca imponer altas sanciones tanto a las personas que ejercen la “prostitución” como a quienes la compran. Cuando se analiza el escenario del trabajo sexual y/o prostitución (cualquiera de las dos miradas), algunos recalcan que separarlas de la asistencia sexual busca una mayor aceptación, “falsa moral” o una eximición de la construcción social negativa al respecto, dado que permite la reivindicación del derecho de las personas con discapacidad y por ello sería más aceptable que el trabajo sexual regular. Más allá de las propias definiciones que se puedan tener en torno al trabajo sexual y/o asistencia sexual, es una arista interesante de poner en palestra; se invita a las lectoras y a los lectores a reflexionar acerca de sus propias opiniones en el tema, así como también a buscar más información si así lo requieren. Frente a la situación práctica para abordar este escenario, lo mejor sería preguntarle a cada uno de los actores qué piensa de lo que hace y cuáles son las expectativas que tienen al respecto: más allá de nuestros propios juicios, centrarse en las personas y sus propios intereses. Barreras en la atención de salud sexual y reproductiva. Una metasíntesis de estudios cualitativos reúne las experiencias de personas con discapacidad física en su acceso a la SSR identi- ficando la existencia de factores internos como el conocimiento, actitudes y factores psicológicos, y factores externos como el estigma, roles de género, educación, apoyo familiar, servicios de salud, financieros y transporte, que influyen en las necesidades y barreras que enfrentan las personas con discapacidad para disfrutar de una salud sexual y reproductiva plena (Nguyen, Liamputtong y Monfries, 2015). Además de lo anterior, existen múltiples actitudes y acciones que pueden dificultar o favorecer la interacción de una persona con el sistema de salud. A continuación se nombra una lista a de barreras que se observan con frecuencia cuando personas con discapacidad – o incluso personas en general – buscan atención en SSR: • Baja confianza en los tratantes en salud sexual y reproductiva sobre sus habilidades para atender a una persona con disca- pacidad; el poco conocimiento sobre discapacidad y la Con- vención de derechos de personas con discapacidad existente en las mallas curriculares de las carreras que se dedican a este ámbito impacta negativamente en la sensación de autoeficacia por parte del profesional que otorga la prestación. • Infraestructura y disposición de las salas de atención que no permite el acceso o lo dificulta ; muchos centros de atención en salud no cumplen con la normativa para que sean accesibles, en el ámbito específico de SSR, las camillas e implementos utilizados pueden no tener ninguna adecuación para personas con movilidad reducida. • El aislamiento social de las personas con discapacidad; muchas veces las personas con discapacidad, en especial con discapaci- dad intelectual, no tienen otros espacios de socialización que no sean la familia y el sistema escolar, por ello, dependiendo de la visión de estos últimos, las personas con discapacidad pudieran nunca consultar sobre temas de SSR o bien, ser des- aconsejados de hacerlo. • Baja disponibilidad de programas de educación sexual integral; no es frecuente que estos programas consideren la determinante “discapacidad”; asimismo, el acceso a educación sexual puede ser menor cuando la persona ha sido educada en escuelas se- gregadas para personas con cierto tipo de discapacidades, ya que en esta realidad puede incluso no haber intención de crear y mantener un programa de educación sexual. • Prejuicios y preconcepciones acerca de la forma correcta de ser y comportarse; dado que se es mujer, hombre o persona de la diversidad sexual y que se vive una discapacidad, se esperan comportamientos que tal vez la persona no siente como propios o no le parecen adecuados. Muchas veces no se toma en cuenta la interseccionalidad que aparece cuando se está en más de una categoría que provoca discriminación o riesgo. • El desinterés (o interés) que puede tener el tratante en SSR en ofrecer determinadas prestaciones si la persona tiene discapaci- dad; es más frecuente observar que los profesionales de la salud y sociedad en su conjunto recomiendan más explícitamente la esterilización quirúrgica como método anticonceptivo, el aborto e incluso ceder los derechos parentales si las personas tienen discapacidad – no así a quienes no la presentan –, si- tuación que es habitualmente peor para aquellas mujeres con discapacidad intelectual. • El poco desarrollo de la capacidad volitiva y toma de decisiones en el ámbito de la SSR; a algunas personas con discapacidad se les evita sistemáticamente el tomar decisiones en SSR por simples que estas pudieran ser. Sin este ejercicio inicial, es aún más difícil que tomen decisiones complejas en su propio be- neficio. Existe un grupo de personas – con o sin discapacidad – que deberá tener mayor apoyo en esta toma de decisiones, esto último debe asegurarse y como equipo de salud debemos tener especial cuidado de que quien apoye, efectivamente ejerza este rol y no sobrepase la voluntad de la persona a la que asiste. • La mala comprensión por parte de los tratantes de lo que sig- nifica y conlleva una interdicción; o bien, asumir que la persona está interdicta por el simple relato del familiar o acompañante; la alfabetización en materia de derechos es imprescindible para el equipo de salud, quienes deben comprender el alcance de las disposiciones legales y ofrecer, en todos los casos, información a la persona, independientemente de su condición legal; la in- terdicción no puede significar anular a la persona y su derecho a saber lo que está pasando con su cuerpo.