Metodologías aplicadas para la conservación de la biodiversidad en Chile

Capítulo 13. Bases que Explican la Existencia de Áreas Silvestres Protegidas - 499 498 - Metodologías para la Conservación de la Biodiversidad en Chile. Otro hecho relativo a las ASP es que el año 2010, tras el nombramiento de la primera ministra del medio ambiente el 2007 (uno de los requerimientos de ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE), se crea el Ministerio del Medio Ambiente (Riffo 2009; OCDE 2010). El Ministerio asume las responsabilidades de la CONAMA y cuenta con nuevas entidades, entre ellas la Superintendencia del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental (República de Chile, 2010) y los Tribunales Ambientales (República de Chile 2012), mientras que el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas se encuentra actualmente en tramitación en el Congreso. Las principales áreas destinadas a conservación de la biodiversidad en Chile se encuentran repartidas bajo los marcos regulatorios del SNASPE (Parque Nacional, Reserva Nacional y Monumento Natural) con aproximadamente un 20 % de superficie protegida de Chile continental, correspondiendo al marco regulatorio con mayor superficie, seguido por terrenos fiscales (Bienes Nacionales Protegidos) y los Santuarios de la Naturaleza. Tienen también gran relevancia el Programa Hombre y Biósfera de UNESCO (Reservas de la Biósfera), Ley General de Pesca y Acuicultura (Parques Marinos y Reservas Marinas), Áreas Marinas Costeras Protegidas (AMCP) y los sitios protegidos por la Convención de Ramsar (Sitios Ramsar) y los Sitios Prioritarios de Conservación (Sierralta et al 2011). Para el año 2015, las áreas protegidas (Parque Marino, Reserva Marina, AMCPU, Parque Nacional, Monumento Natural, Reserva Nacional, Reserva Forestal y Santuario de la Naturaleza), sumaban 29.909.735 ha (MMA 2015). Sumadas a estos marcos, surgen iniciativas privadas de conservación como Parque Oncol el año 1989, Santuario el Cañi en 1990 y posteriormente Parque Pumalín, que han complementado la superficie protegida. Para el año 2010 se contaba con 308 iniciativas privadas de conservación, con una superficie estimada de 1.651.916 ha y una Asociación de Iniciativas de Conservación en Áreas Privadas y de Pueblos Originarios de Chile, denominada Así Conserva Chile (MMA 2013). A pesar de ello, aún no existen instrumentos, mecanismos ni incentivos para su financiamiento, ni métodos de gestión oficiales en el país. Es decir, no se ha puesto en marcha el artículo 35 de la Ley 19.300, dónde se estipula que el Estado fomentará la creación de áreas silvestres privadas y éstas estarán afectas a igual tratamiento tributario, derechos y obligaciones que las áreas pertenecientes al SNASPE. Así Conserva Chile ha asumido un rol en que apoya mediante la captación y disposición de aportes en términos legales, económicos y técnicos a las iniciativas de conservación privada y de pueblos originarios de Chile, cuyos fundamentos de existencia se basan principalmente en el valor intrínseco de la naturaleza. Gracias a sus gestiones, en junio de 2016 se promulgó la ley que establece el Derecho Real de 1 . Millones de USD del año 2009. ambientales. Durante este año el país también se suscribe al Convenio sobre Diversidad Biológica de la Organización de las Naciones Unidas, el cual consiste en el primer tratado internacional para la conservación de la diversidad biológica. Este convenio declara, y con ello los países suscritos reconocen, la importancia de la biodiversidad en el desarrollo sustentable (CDB 2006). Además, durante los años 90’ comienzan a incorporarse por primera vez áreas protegidas marinas dentro del sistema nacional denominadas Área Marina y Costera Protegida (AMPC) (Sierralta et al. 2011). Por otro lado, se presentan las Reservas Marinas y Parques Marinos, administrados por el Servicio Nacional de Pesca (República de Chile 2005b). En cuanto a las políticas públicas asociadas a la diversidad biológica, destacan la Política Nacional para la Protección de Especies Amenazadas, la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Racional de los Humedales de Chile, y la Política Nacional de Áreas Protegidas. Esta última apunta a la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la cual incluye iniciativas tanto públicas, privadas, cómo público-privadas (CONAMA 2005). Dentro de sus objetivos se encuentra el cumplimiento de compromisos internacionales y de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, estableciendo la protección mínima de un 10% de cada ecosistema relevante que se encuentre en el país (CONAMA 2003). Sin embargo, la representatividad objetivo aún no ha sido alcanzada, considerando que un 80% de la superficie protegida se encuentra en las regiones de Aysén y Magallanes, mientras que las regiones del Maule, Coquimbo y la Metropolitana no alcanzan el 1% (Sierralta et al. 2011). Otro hecho importante consiste en que el año 2008 se aprueba la Ley 20.283, de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, luego de aproximadamente 19 años de discusión. Su importancia en términos de conservación es que incorpora instrumentos de manejo para el fomento y preservación de bosque nativo, además de fondos para la recuperación, conservación y manejo sustentable del bosque nativo, en especial de las formaciones xerofíticas. En la actualidad, el Convenio sobre Diversidad Biológica cuenta con un Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi, promoviendo a través de su cumplimiento alcanzar los objetivos del Convenio por los países suscritos a éste.Las20MetasdeAichi seordenande acuerdo a cinco objetivos estratégicos, los cuales se basan en la incorporación de la diversidad biológica en todos los ámbitos gubernamentales y sociales, la reducción de las presiones sobre ésta y su utilización sostenible, proteger ecosistemas, especies y diversidad genética, aumentar y mantener los servicios ecosistémicos, y finalmente contar con planificación participativa, gestión en base a conocimientos y la creación de capacidades (CDB, s.a). Destaca entre las metas para el año 2020, el contar con al menos un 10% de las áreas marino-costeras protegidas.