Los territorios que habita(re)mos: ¿Qué futuro existe para las zonas de sacrificio?

sas del Estado- invierten finalmente bajo las condiciones que el propio Estado proporciona a través de la regulación; entonces no tenemos un instrumento que permita hacernos cargo de estas situaciones, de pasi- vos ambientales o de zonas de sacrificio, las cuales son el resultado de decisiones históricas, de políticas y de falta de políticas, entendiendo que la falta de políticas es también una política: es dejar que el mercado funcione y actúe solo. Hoy no tenemos un instrumento con una consagración legal y reglamen- taria que permita hacerse cargo de zonas de sacrificio, término que por lo demás no me parece apropiado por lo anteriormente señalado. Sobre lo ya planteado, e incluso en el marco de una nueva Constitución, se podría crear por la vía legal, un instrumento que permita recuperar estos territorios. EL RETROCESO DE NO FIRMAR ESCAZÚ En Chile subsisten numerosas barreras de acceso a la información, a la participación y la justicia ambiental. El país había tenido una postura consistente promoviendo el Acuerdo de Escazú, contando incluso un consenso a nivel empresarial, y ciudadano; pero sorpresivamente el pre- sidente Sebastián Piñera decidió no firmar, luego de haber invitado a la ceremonia para dichos efectos que tuvo lugar a fines de septiembre de 2018. Esto implicó un claro retroceso y un problema de coherencia pues- to que incluso la modificación al SEIA que el mismo gobierno impulsó a comienzos de su mandato decía que esto iba en la línea de lo represen- tado por el Acuerdo de Escazú, que pronto se iba a firmar. Con los compromisos que ya tenemos en materia de acción climática y ambiental, deberíamos promover y fomentar el desarrollo de estas he- rramientas y el derecho de acceso a la información y participación. El no firmar Escazú resulta en este caso totalmente contradictorio, y no se sostiene con ninguno de los argumentos que el gobierno ha dado. No existe un análisis jurídico cuando se habla de soberanía. Con los instrumentos existentes hay muchas mejoras que se pueden hacer en términos de gestión. El SEA y la Superintendencia del Medio Ambiente, tienen las herramientas para forzar el ingreso al SEIA de pro- yectos cuando hayan ocurrido impactos ambientales no previstos. Los municipios por ejemplo, tienen la facultad para cobrar derechos munici- VALENTINA DURÁN MEDINA LAS ZONAS DE SACRIFICIO: PERSPECTIVAS DESDE LA JUSTICIA AMBIENTAL .79. Académica y Directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.