La regulación de las aguas: nuevos desafíos del siglo XXI. Actas de las II Jornadas del régimen jurídico de las aguas

442 Págs. 431 - 460 C apítulo IV. E scasez y estimación hídrica FERNANDO OCHOA - AMAYA ÁLVEZ - DIEGO RIVERA - FELIPE DE LA HOZ de derechos de agua en uso está registrado en el CBR y menos de un 20% en el CPA, en tanto no hay un incentivo u obligación legal de registrar los derechos de aguas hasta que sus tenedores requieran postular a subsidios por transferir sus derechos. Este es uno de los ejemplos de los efectos del modelo de gobernanza hídrica producida por la comodificación neoliberal de las aguas 35 . Con la reforma de la Ley Nº 21.064, se incorporó la obli- gación de la DGA de mantener el Registro de Derechos de Aguas del CPA disponible en forma online y al día, pero guardó sensible silencio respecto a otros registros del Catastro y, ciertamente, estableció un mecanismo de articulación con el CBR que podría permitir potencialmente cumplir al- gunos de los estándares de transparencia exigidos para lograr la seguridad hídrica en la medida que se logre su debida fiscalización. La modificación legal de la Ley Nº 21.064 incorpora en el inciso 2º del artículo 129 bis del Código de Aguas una autorización a la DGA para permitir que se subro- gue en los derechos del titular no inscrito para los efectos de proceder a la inscripción de los derechos en el Registro de Propiedad del CBR a costa del particular. En este punto, cobra relevancia otro aspecto muy relevante del sistema público registral de las aguas: la dispersión normativa. En efecto, si bien la obligación registral como tal y las menciones que deben contener los asien- tos se establecen en el Código de Aguas, las causales de rechazo, sanciones y otros aspectos de tramitación han sido entregados a distintos cuerpos reglamentarios de también distinto valor normativo. Por otra parte, en este punto vale la pena mencionar que, si bien el CPA fue creado para mejorar las capacidades de la DGA para la gestión y planificación de los recursos hídricos, haciendo cotejos y actualizaciones públicas de la información, en la práctica presenta serios problemas que impiden su correcta operación 36 , pues aunque los CBR están obligados a remitir información al CPA, los requerimientos de estos informes no son 35 Véase B akker , Karen (2013), “Neoliberal Versus Postneoliberal Water: Geographies of Privatization and Resistance”, en Annals of the Association of American Geogra- phers , 103(2), pp. 253-260. 36 En este sentido, B oettiger , Camila (2012), “Del catastro público de aguas: A propósi- to de una sentencia del Tribunal Constitucional”, en Actualidad Jurídica , 25: 557–560; M anríquez , María Consuelo (2010), Análisis crítico al sistema registral chileno de los derechos de aprovechamiento de agua s. Tesis para optar al grado de Máster, Fa- cultad de Derecho, Universidad de Chile, Santiago, 130 p.; D onoso , Guillermo et ál.,