La regulación de las aguas: nuevos desafíos del siglo XXI. Actas de las II Jornadas del régimen jurídico de las aguas

408 Págs. 401 - 430 C apítulo IV. E scasez y estimación hídrica HILDAMOYA - JOSÉ MIGUEL VALDÉS - KARLAASTORGA - RODRIGO FUSTER oportunamente a DGA respecto a solicitudes de DAA aprobadas por ellos. En el caso de los DAA regularizados vía artículo 2º transitorio del CdA, la DGA solo puede tener información de los caudales solicitados y los que recomendaron técnicamente al juez al final de la fase administrativa, no teniendo muchas veces una retroalimentación desde los juzgados una vez que el procedimiento de regularización ha finalizado 23 . Por otro lado, las OU deben enviar anualmente su Registro de Comu- neros actualizado a la DGA, de modo de tener actualizadas las mutaciones del dominio del derecho y la incorporación de nuevos derechos, los que previamente debiesen estar registrados en los respectivos CBR (artículos 122 bis y 205 del Código de Aguas), lo cual no necesariamente ocurre. De este modo, los registros del CPA no han podido gozar de la repre- sentatividad necesaria con respecto al total de derechos inscritos en los CBR 24 . Este hecho dificulta, por ejemplo, una estimación de la DLA del país para realizar investigaciones o estudios de factibilidad de proyectos relacionados a la gestión del agua, debiendo hacer necesarias precisiones para el uso de esta fuente de información. Dado lo expuesto, existe cierta claridad y consenso en torno a lo incompleto que se encuentra el RPDAA respecto al universo de DAA existentes, y de sus debilidades para aportar a una buena estimación de la DLA, por lo cual la propia DGA está traba- jando en esta materia, para agilizar, por ejemplo, la actualización de los DAA en relación con la información que los CBR les provee. No obstante, aún quedaría sin garantizarse la información de parte de tribunales –espe- cialmente en torno a las regularizaciones vía artículo 2° transitorio– y de parte del SAG. Si bien ante esto se podría considerar el CBR como una fuente más completa, está el problema ya señalado de su dispersión y que además tampoco es posible asegurar que todos los DAA existentes estén inscritos en este 25 . Tanto el CBR como el CPA, en este sentido tienen esa limitación –aunque en distinta envergadura– de no lograr identificar la totalidad de DAA otorgados y tampoco consignar la actualización de los mismos. Esto 23 B oettiger , Camila (2012). 24 B anco M undial (2013); M inisterio del I nterior y S eguridad P ública (2015), Política Nacional para los Recursos Hídricos (Santiago, Chile: Delegación Presiden- cial para los Recursos Hídricos). 25 A révalo , Gonzalo (2001).