La regulación de las aguas: nuevos desafíos del siglo XXI. Actas de las II Jornadas del régimen jurídico de las aguas

100 Págs. 75 - 106 C apítulo I. M arco normativo y reformas en materia de aguas CHRISTIAN VALENZUELA - AGUSTÍN SILVA Sin embargo, para que el mercado funcione correctamente es nece- sario dotarlo de transparencia (en cuanto a precios, oferta y deman- da existente), fomentar una participación eficiente del Estado en él e implementar políticas que reorienten su funcionamiento hacia la sustentabilidad y no solo hacia las actividades económico-producti- vas, como ocurre hoy en día. • Es importante destacar que lo propuesto en este trabajo no es que los mercados de aguas sean administrados por el Estado, pero sí que en ellos participe este como un actor, para solucionar temas que tanto los mercados como la sociedad civil o el mundo privado por sí solos no abordan. No es monopolio del Estado destinar DAA hacia fines de sustentabilidad. Efectivamente, los privados también lo pueden hacer bajo los mecanismos sugeridos, sin embargo, es deber del Es- tado propender a la paz social, amparar a los grupos intermedios y proteger el medio ambiente. • Históricamente el Estado (ya sea a través del Poder Ejecutivo o el Poder Judicial) ha emitido DAA, en muchos casos sobre otorgándo- los, pero nunca los ha comprado o expropiado para solucionar pro- blemas de sustentabilidad ambiental en zonas donde ya no se pueden constituir nuevos DAA. En cambio, el Estado sí ha destinado fondos para la adquisición de DAA por parte de agricultores o indígenas, lo cual es aplaudible cuando estos grupos no pueden acceder por sí mismos a los mercados de aguas. Acá la recomendación es extender estos beneficios a la protección del medioambiente y a otros grupos vulnerables, como los comités de agua potable rural, y en definitiva, a cualquier causa de utilidad pública o de interés nacional asociada a los recursos hídricos. • En este orden de ideas y funcionando bajo los conceptos acá desa- rrollados, los mercados de aguas pueden ser una herramienta muy eficaz para reasignar DAA hacia fines de sustentabilidad. Para que tal tarea no signifique una carga financiera adicional, el Estado tie- ne una enorme capacidad de generar ingresos que hoy se encuentra subutilizada: es fundamental establecer el avalúo fiscal de DAA de- rivado de la información que el mismo mercado genera, sometién- dolos al pago de contribuciones razonables en relación a su avalúo. También se requiere perfeccionar el sistema de PNU y aumentar la fiscalización de infracciones al CdA, cursando multas que hoy son