Seguridad ciudadana en América Latina: miradas críticas a procesos institucionales

23 Paralelo a la extensión de los servicios formales o informales de seguridad privada, que se dan en el Perú a semejanza de muchos otros países, en nuestro caso tenemos un sistema ya antiguo que involucra a un porcentaje muy significativo de la fuerza en lo que se conoce como los “servicios individualizados”. Se trata de la posibilidad que tiene un Policía de que en sus horas libres o en sus vacaciones pueda vender sus servicios como vigilante privado a todo tipo de empresas, pero usando su uniforme, su autoridad y sus armas de reglamento. Este “derecho” tuvo su origen en el primer gobierno de Alan García. En esa época con la economía en ruinas y la hiperinflación más alta del mundo los sueldos de los empleados públicos, incluidos los policías, colapsaron. Estos fueron protagonistas de dos huelgas policiales (en el Perú están prohibidas constitucionalmente) y consiguieron con ellas un cambio en su régimen laboral para encontrar, fuera de la institución la remuneración complementaria que el Estado no podría dar. Se generaliza así el sistema de 24 x 24 es decir que se trabaja un día para el Estado y en el otro se está en libertad para el uso que cada policía quiera darle. Como es obvio nadie puede trabajar 24 horas seguidas y los policías tienden a descansar gran parte del tiempo que dedican al Estado, un empleador cautivo va a hacer su mayor esfuerzo cuando trabaja para particulares que puedan tomar o no sus servicios de acuerdo con su rendimiento. Es decir que una buena parte de los policías que se ven en las ciudades del Perú o en las instalaciones de grandes empresas mineras, petroleras en zonas rurales no son policías asignados por sus unidades a una función específica, sino policías trabajando para la protección particular de quien los contrató, incluyendo por ejemplo casinos o restaurantes de barrio. El policía cumpliendo esa función no tiene que ocuparse de lo que pasa en su entorno y si por ejemplo ocurre un robo en las inmediaciones, no interviene para no descuidar el encargo de su empleador. Este sistema, como es evidente, va en desmedro de la protección de los ciudadanos que no pueden pagar y, en general, de la seguridad en las calles, pero se ha convertido en una solución cómoda para quienes pueden pagar ese servicio, ya que en el Perú el uniforme del policía y sus derechos a usar armas son un disuasivo mucho mayor al que ofrecen los llamados “guachimanes” (del inglés watchman) que se sabe no pueden ejercer autoridad de policía. Ademásdetodos losproblemasmencionados,elsistemaesunafuente adicional de corrupción ya que se sabe de muchos jefes policiales que alquilan los servicios de sus policías en los días que les corresponde trabajar para el Estado, a cambio de un porcentaje del pago. Producir una reforma policial a fondo en el Perú significa cambiar radicalmente este sistema que afecta severamente a la institución y a la seguridad ciudadana de las mayorías, ya que como se ha señalado quienes se benefician del sistema se ubican en los escalones más altos del poder del país. 2.11. La distribución regresiva de la oferta de seguridad. En el Perú la distribución de la fuerza y los servicios policiales es profundamente regresiva. Está concentrada en las ciudades en detrimento de las zonas rurales. Está focalizada en los distritos pudientesdeLimaendetrimentode losmáspobres ydondeexisten las mayores necesidades en términos de protección de la inseguridad. La situación es aúnmás grave en la medida en que en las zonas en que la Policía asigna a un mayor número de policías por habitante, y que como hemos dicho son los más acaudalados de la ciudad, son a la vez los que cuentan con su propia Policía, los serenazgos, los que a su vez están muy bien equipados. Por ejemplo, un distrito acomodado de Lima comoMiraflores tiene 80 habitantes por efectivo de seguridad, sumados policías y serenos, lo que se ubica por encima de los estándares internacionales, y además cuentan con lomás avanzadode la tecnología y lamejor infraestructura al servicio de la seguridad. En cambio en un distrito popular de la ciudad, como San Juan de Lurigancho, la tasa es de 800 habitantes por efectivo de seguridad y, por supuesto, sin contar conmedios para realizar un trabajoeficiente 20 . Esta distribución regresiva se agrava fuera de Lima y en cualquier pueblo pequeño del país la presencia policial es exclusivamente simbólica y para formalidades administrativas. Ello explica, por cierto, por qué en el Perú a diferencia de otros países es tan extendida e importante la organización de la población para la autoprotección en rondas o juntas vecinales. Alterar esta relación significa enfrentar intereses de quienes se benefician con la persistencia de esta injusta distribución. 2.12. Presión social difusa, intermitente, desorganizada y contradictoria. Por último hay que señalar que si bien en el Perú hay una presión social para que se produzcan cambios en la Policía y se dé efectiva prioridad a las tareas de seguridad ciudadana, ésta es muy difusa, se expresa sólo en algunas ocasiones y no tiene organizaciones poderosas que la encarnen. Esta presión es, por ejemplo, mucho mayor –y no necesariamente útil para generar políticas progresivas sino muchas veces regresivas– en países donde las víctimas de la violencia delincuencial de sectores acomodados e influyentes de la sociedad se han agrupado en plataformasestablese influyentescongranapoyode lascorporaciones empresariales 21 . 20 Costa,G.,Briceño,J.,Romero,C.(2008).¿Conquérecursoscuenta laPolicía? En La Policía que Lima necesita (1ª ed. Pp.37-48). Lima: Ciudad Nuestra. 21 Con distintas modalidades esto es fuerte en Argentina, México, Guatemala y Colombia.