Seguridad ciudadana en América Latina: miradas críticas a procesos institucionales

21 2.5. Persistencia de los mitos: nuevas leyes + recursos. La lucha contra el sentido común extendido entre los ciudadanos y entre las autoridades de que el problema de la inseguridad ciudadana se resuelve solamente con un marco legal más duro y con mayores recursos para la Policía, ha probado ser muy difícil. Las evidencias empíricas son abundantes para probar lo falso, o al menos lo insuficiente, de esas teorías pero la imagen persiste, convirtiéndose en un obstáculo para producir cambios de fondo Respecto de las modificaciones legislativas como la vara mágica para mejorar la seguridad, cabe decir que en el Perú, en los últimos diez años, han habido cuatro paquetes legislativos para endurecer penas y dar atribuciones a la PNP. Uno en 1998 en el gobierno de Fujimori, que incluso equiparó figuras delictivas comunes con figuras de lucha contra el terrorismo. En el año 2002, a raíz del secuestro de una persona muy cercana al presidente Toledo hubo un lapso breve de interés presidencial en el tema y se conformó una comisión multisectorial con representantes de Interior, Policía, Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, etcétera que propuso un paquete de medidas legislativas sobre seguridad ciudadana que a lo largo de los años siguientes se convirtieron en ley en el Congreso. Entre otros temas regularon la flagrancia y la legítima defensa, aumentaron atribuciones policiales en manejo de la escena del crimen, redujeron beneficios penitenciarios y redujeron el monto permitido para tenencia legal de drogas. En el 2004 y 2007 se han aprobado dos nuevos paquetes de medidas legislativas a iniciativa de un conjunto de alcaldes distritales de Lima, con orientaciones similares, los que a su vez eran presionados por sus vecinos para tomar acciones. En términos generales todas estas normas están orientadas a aumentar atribuciones policiales en situaciones en las que hacen frente al delito, aumentar penas y reducir beneficios penitenciarios. Como es bastante evidente, fruto de estas normas, no se han producidomayores resultados desde el punto de vista de la reducción de la inseguridad y se puede sostener, más bien, con bastante certeza que la maraña normativa no es siquiera conocida por los operadores de justicia, que siguen creyendo mayoritariamente que normas vigentes hace décadas son las que norman todavía su actuación. A nivel de los recursos ha ocurrido un fenómeno similar. Como se ve en el cuadro adjunto, en los últimos años, de la mano de un espectacular crecimiento económico vivido en el Perú, los recursos públicos han aumentado de manera muy significativa. En menos de un lustro los recursos destinados al Ministerio del Interior se han más que duplicado, en un contexto en que los gastos corrientes no han aumentado de manera importante. Tabla 2. Evolución del presupuesto nacional y el del sector interior. Año Presupuesto Total de la República (US$ Millones) Presupuesto Total del sector Interior (US$ Millones) % del Presupuesto total de la República 1999 9452 711 7.5 2000 9755 795 8.2 2001 10203 837 8.2 2002 10394 753 7.2 2003 12829 823 6.4 2004 12937 866 6.7 2005 15011 973 6.5 2006 15507 1014 6.5 2007 19880 1224 6.2 2008 23 098 1 410 6,1 2009 25 316 1 576 6,2 2010 29 308 1 656 5,6 Fuente: Ministerio de Economía La Policía recibe ahora mucho más recursos para comprar vehículos, para gastos de inteligencia, para gasolina, etcétera y, sin embargo, una gran parte se pierde por negligencia o simple corrupción con lo que la sola inyección de recursos ha probado ser también como medida de solución un mito. La opinión pública evalúa igual de mal o peor a la Policía que en el pasado y la percepción de incremento de la inseguridad en el último año es enorme, ya que según la encuesta citada de la Universidad de Lima el 74,2% considera que en el 2009 la inseguridad ha aumentado en Lima. Pese a que recursos y leyes duras no han significado por sí solas cambio alguno el mito persiste incólume. 2.6. Re-policialización del Ministerio del Interior. Durante la dictadura de Alberto Fujimori todos los ministros del Interior fueron generales de división del Ejército en actividad y toda la estructura burocrática del ministerio estuvo conformada por policías en actividad. Con el restablecimiento de la democracia con ministros civiles se empezó un proceso de reconstrucción de una burocracia civil en el sector y una despolicialización del ministerio. En los últimos años este proceso ha sido parcialmente revertido. En varios casos se han nombrado policías retirados como ministros y en otros a ministros civiles que han abdicado de sus funciones convirtiendo al director general de la PNP en ministro de facto. Los ministros se han autodefinido como gestores de recursos y han abandonado su liderazgo en la definición de políticas públicas de seguridad y por supuesto no se atreven a intervenir en lo que llaman “asuntos de la Policía”.