Seguridad ciudadana en América Latina: miradas críticas a procesos institucionales

14 3. Conclusión Las grandes interrogantes de aquellos preocupados por el tema de la seguridad en América Latina se han centrado justificadamente en torno al incrementode la violencia, las condicionantes de las reformas de seguridad, y la evaluación del impacto de dichas reformas. En este artículo se sostiene que es necesario hacer más explícita la vinculación entre aquellos ya diagnosticados impedimentos para la reforma policial y el sistema político en particular. Una mirada a los determinantes políticos de la seguridad redefiniría el eje y lo centraría en al menos tres áreas o espacios de interacción: el primero dice relación con los incentivos/desincentivos de los actores políticos para aprobar determinadas reformas y promover determinadas políticas. La mayor parte de los estudios concluye que existen fuertes incentivos para mantener el estatus quo y/o para generar políticas demano dura enmateria de seguridad. Los políticos responden a las demandas ciudadanas por mayor seguridad vía el endurecimiento de las políticas de contención del crimen. Resulta llamativo, sin embargo, observar que esa misma opinión pública en la mayoría de los países desconfía de las instituciones de seguridad y no les brindaría mayores poderes. Aquello plantea un margen de maniobra para promover políticas que a la vez contribuyan a reducir el crimen pero que también posibiliten un control democrático respecto de las instituciones de control. Entender la forma en que operan estos incentivos/desincentivos a nivel político es central si se quiere avanzar en el establecimiento de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. El segundo ámbitoque requieremayor atenciónes la forma enque las burocracias de seguridad inciden en el proceso político. No sabemos mucho de ello. Es esperable que la cultura burocrática de esas instituciones resista el cambio organizacional. También es probable que las instituciones de seguridad utilicen todos los instrumentos a su alcance para mantener y aumentar sus privilegios—cuando ellas los tienen. Sin embargo, existen casos donde dicho cambio se ha implementado y se ha producido hasta cierto punto una adaptación organizacional. ¿Cuáles son los intereses que defienden los organismos de seguridad? ¿Cómo inciden en la política cotidiana? ¿Se establecen alianzas o coaliciones con actores políticos para defender determinados intereses? ¿Cuál es la probabilidad que subsistan aquellas alianzas? La literatura revisada nos indica que es probable que se manifieste una coalición pro-orden de políticos (generalmente conservadores) e instituciones policiales. Sin embargo, parece ser que eso no siempre es el caso como bien lo ilustra la situación chilena donde otras relaciones menos evidentes se han estructurado entre actores políticos e institucionales 35 . Requerimos entender de mejor forma este tipo de vinculaciones y evaluar el impacto de corto y mediano plazo de dichas alianzas. 35 Fuentes, C. (2005). Contesting the Iron Fist. Advocacy Networks and Police Violence in Democratic Argentina and Chile. New York and London: Routledge Finalmente, un ámbito que requiere mayor atención se refiere a la vinculación entre el espacio “privado” y lo público, entendido ello como indicábamos anteriormente en una triple dimensión: la privatización de los servicios de seguridad, las lógicas entre el mercado ilegal y la seguridad pública y la internacionalización del mercado de las ideas en seguridad. Una agenda que se centre en estas dimensiones permitiría una mejor comprensión de esta compleja pero desafiante temática en la región.