Seguridad ciudadana en América Latina: miradas críticas a procesos institucionales

12 entreelmarco ideológicoy laspromesasde “manodura”, estoes, entre ser de izquierda o derecha y defender una determinada postura? El trabajo deUngar 23 sobre la política de prisiones enAmérica Latina es un ejemplo de este tipo de perspectiva de análisis. Luego de analizar las pésimas condiciones carcelarias en la región propone dos factores que explicarían la ausencia de cambios en esta materia: por una parte el sistema de justicia (tribunales y Ministerio Público) es presionado para, en algunos casos, no tomar en cuenta la legislación existente en materia de derechos de los detenidos. Por otra parte, y desde un punto de vista administrativo no se terminan de implementar una serie de normas para garantizar la cooperación entre agencias del Estado y el accountability de ellas. Estas dos limitaciones tienen de trasfondo el hecho que el poder ejecutivo observa constantes demandas públicas por reducir los niveles de delincuencia, aumentar poderes de la policía e incrementar los niveles de encarcelamiento. En este trabajo, Ungar describe en detalle cómo las lógicas políticas y administrativas interactúan en un contexto político de alta polarización o de urgencia por aprobar reformas en este ámbito. Por ejemplo, el incremento de las denuncias por delincuencia lleva a las autoridades a incentivar el incremento de policías en la calles, lo que no ha sido secundado por una reforma policial, repitiendo prácticas heredadas de la dictadura. A ello se suman las reformas a los sistemas de justicia que, aunque administrativamente han implicado un mejor comportamiento, han generado también una importante alteración en las expectativas sociales ya que el público muchas veces espera decisiones más punitivas de parte del sistema frente a las transgresiones de la ley. Otros estudios han planteado la necesidad de examinar con mayor detenciónlosaspectospolíticosqueinhibenunadeterminadareforma. Existen diversos ejemplos para el caso de Argentina donde se advierte el peso de las relaciones de poder entre operadores políticos, la policía y redes de delincuencia que han resistido reformas 24 . Asimismo, se han explorado estudios sobre el rol que tienen las organizaciones de la sociedad civil ya sea en defensa de los derechos civiles o en pro de una política de mano dura en contra de la delincuencia. Aquí las conclusiones apuntan a señalar las ventajas comparativas que observan los grupos o coaliciones pro-orden en relación con los pro- derechos civiles y la importancia de la forma en que se dan a conocer o se instalan las discusiones socialmente (framing) 25 . En otros términos, en sociedades democráticas donde la opinión pública demanda soluciones de “mano dura”, es probable que los actores políticos defiendan este tipo de medidas. No obstante, dos relevantes condiciones surgen como pre-requisito para la materialización de dichas medidas: a) el peso que tiene la coalición política “pro-orden” versus la “pro-derechos civiles” y b) el nivel de 23 Ungar, M. (2003). Prisons and Politics in Latin America. Human Rights Quarterly . 25, (4), Pp. 909-934. 24 Ver por ejemplo, González, G. (2005). Intentos de reforma policiales en Argentina: Los casos de las provincias de Santa Fe y Buenos Aires. En: Dammert, L. y Bailey, J. (Coord.). Seguridad y Reforma Policial en Las Américas: Experiencias y Desafíos (1 Ed. Pp. 58-82). México D.F: Siglo XXI, FLACSO-Chile, Naciones Unidas; Saín, M. (2000). Crisis y colapso del modelo tradicional de seguridad pública. Revista de Ciencias Sociales. 11, Pp.113-156. 25 Fuentes, C. (2005). Contesting the Iron Fist. Advocacy Networks and Police Violence in Democratic Argentina and Chile. New York and London: Routledge. prestigio y apoyo social de la sociedad hacia las instituciones policiales para enfrentar el delito mediante medidas de control. En Argentina, por ejemplo, el desprestigio de las policías ha sido una constante, lo que sí ha tendido a variar es el peso específico de las fuerzas políticas pro-orden y pro-derechos civiles. En Chile, en cambio, se observa como constante el apoyo a las instituciones policiales y la fortaleza de una cohesionada coalición pro-orden. Es esta correlación de fuerzas lo que explicaría la paradójica situación del caso chileno de observar bajos índices de criminalidad y uno de las más altas tasas de encarcelamiento en América Latina. 2.2. Lógica burocrático-institucional Una segundadimensión se refiereno tantoal análisis de las resistencias internas a una eventual reforma policial o de seguridad, sino que más bien a la forma en que las instituciones policiales y de seguridad actúan en un contexto democrático. Esto es, preguntas asociadas a las respuestas institucionales frente a determinadas políticas, la forma en que las instituciones negocian sus presupuestos y en la que inciden en el proceso político serían pertinentes de ser destacadas. Las policías, junto con las fuerzas armadas, gozan en la mayoría de los países de la región del monopolio de la fuerza. Pero además, ellas cuentan con recursos de poder como acceso a información privilegiada sobre actores políticos. Asimismo, las instituciones de la policía en muchos países cuentan con sistemas de relaciones públicas relativamente sofisticados, lo que les permite potencialmente incidir incluso en la agenda pública al “levantar” temas de seguridad ciudadana frente a la opinión pública. En síntesis, las instituciones policiales son o tienen el potencial de transformarse en actores políticos que inciden en la agenda pública. En el caso de Chile, por ejemplo, la policía uniformada cuenta con un sistema de relaciones públicas que la ha posicionado más allá de sus funciones tradicionales de protección de la seguridad pública. Carabineros de Chile destaca recurrentemente su función social a través de la protección de menores, la conexión con sectores sociales extremos del país y el servicio social en general. Pero, adicionalmente, tiene alta capacidad de respuesta frente a eventuales críticas a su gestión y eventuales abusos 26 . Enel caso argentino, seda una situación diferente en relación a la policía de la provincia de Buenos Aires dado que los niveles de menor centralización y conflictos internos dentro de la policía los lleva a constantes denuncias y pugnas dentro del propio cuerpo policial que terminan expuestos ante la opinión pública 27 . La vinculación de las policías con una red de delito genera otras condiciones políticas que no necesariamente son favorables para avanzar sus demandas institucionales 28 . 26 Fuentes, C. (2005). Chile: The Denial of Police Violence. En Fuentes, C. Contesting the Iron Fist. Advocacy Networks and Police Violence in Democratic Argentina and Chile (1 Ed. Pp. 39-68). New York and London: Routledge. 27 Fuentes, C. (2005). Argentina: Strong Advocacy Groups. Fluctuating Influence. En Fuentes, C. Contesting the Iron Fist. Advocacy Networks and Police Violence in Democratic Argentina and Chile (1 Ed. Pp 76-100). New York and London: Routledge. 28 Saín, M. (2000). Crisis y colapso del modelo tradicional de seguridad pública. Revista de Ciencias Sociales. 11, Pp.113-156