Experiencias en América Latina: el desafío de evaluar programas de seguridad ciudadana

48 Conclusión: De los Estándares Internacionales a la Política Pública Nacional Vale la pena resaltar que actualmente, en Argentina, se está llevando a cabo una iniciativa incipiente e interesante, impulsada por la sociedad civil de derechos humanos, denominada el Acuerdo por la Seguridad Democrática (ASD) 13 , la cual busca identificar algunos consensos básicos, basados en gran parte en los estándares enunciados en el Informe de la CIDH. El ASD surgió a fines del 2009, como una alianzamultisectorial destinada a diseñar e implementar políticas que brinden soluciones eficaces frente al problema de la inseguridad. Fue firmado por más de 200 referentes políticos, culturales, académicos, representantes de organizaciones sociales y no-gubernamentales y expertos de distintos sectores e índoles políticas. Contiene diez principios orientados en tres ejes fundamentales: las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y el sistema penitenciario. Las propuestas abarcan los siguientes temas: • El Estado frente al problema del delito • El engaño de la mano dura • La responsabilidad del Estado • La concepción integral de la seguridad • La gestión democrática de las instituciones de seguridad • La desactivación de las redes del delito para reducir la violencia • La gestión policial no violenta en el ámbito público • El papel de la justicia • El cumplimiento de las penas en un Estado de derecho • La necesidad de un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia Si bien el ASD está lejos de convertirse en una panacea, ni existen garantías absolutas de que sea un esfuerzo efectivo y sostenible a largo plazo, consideramos que es un espacio al cual vale la pena apostar y fortalecer, ya que puede abrir ciertas oportunidades y espacios de interlocución hasta hoy inexistentes. El ASD apunta a generar consensos básicos, un piso mínimo sobre el cual construir propuestas concretas de política pública en seguridad ciudadana que atiendan a la demanda ciudadana sin dejar de respetar y proteger los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de derecho. El ASD en sí no hace mención específica a los “derechos humanos,” sin embargo, sus diez lineamientos son consistentes con –y se encuentran arraigados en—esta perspectiva. 13 Para más información véase, www.asd.org.ar Asimismo, el ASD ayuda a articular el trabajo y las perspectivas de distintos sectores políticos, expertos individuales en lamateria (inclusive algunas de las personas que lideraron previas reformas en Argentina), organizaciones de la sociedad civil, que hasta ahora trabajaban de forma desarticulada, con colaboraciones más bien casuísticas o ad hoc. Finalmente, el ASD contribuye a un cambio de discurso, ofreciendo una alternativa a la demagogia punitiva e incidiendo en lamanera en la cual losmedios de comunicación discuten la problemática. Además, va generandopresiónsocialypolíticaparaqueyanoseaviableoaceptable exigir mayor encarcelamiento, bajar la edad de imputabilidad, u otras medidas demano dura. Sin duda existen varios retos a futuro. Uno de ellos tiene que ver con la necesidad de aterrizar del acuerdo macro, y del discurso, a propuestas de seguridad concretas, y eventualmente a una reforma estructural del sistemade seguridad 14 . Eneste sentido, el ASDsecomenzóaconcretizar en el 2010, a través de un proyecto de ley que propone la creación de un Observatorio del Delito y la Violencia, enfatizando la necesidad de datos y cifras confiables sobre las cuales formular políticas. Hoy, se está trabajando conjuntamente con otras organizaciones y actores en un memo para que el/la nuevo/a presidente/a acoja estas propuestas en el marco del año electoral argentino 15 . Este memo en gran parte es posible gracias a las bases que sentóel ASDe incluye: undiagnósticodel problema, una descripción de las políticas en marcha, la identificación de grandes dilemas, un listado de propuestas y una discusión sobre viabilidad política. Es decir, va más allá de enunciar estándares y principios de derechos humanos para ir avanzando en la construcción de políticas públicas de seguridad desde una perspectiva de derechos. Otrodelosdesafíosdeesteesfuerzoserelacionaalanecesidaddeampliar los acuerdos logrados, “bajarlos” a los distintos niveles del país (provincias, gobiernos locales/municipales, etc.) y “socializarlos” entre los distintos órganos del Estado relevantes y competentes en la materia. Asimismo, se vislumbra la necesidad de continuar fortaleciendo y articulando con el nuevoMinisteriode Seguridadde laNación creado a fines del 2010. En todos estos ámbitos, se trata de fortalecer los contenidos y mantener un discurso respetuoso de derechos humanos, que a la vez sea propositivo y concreto en materia de seguridad ciudadana. Todo esto resulta fundamental durante un año electoral donde, de no haber un pisomínimoy consensuado, podrían llegar a surgir discursos regresivos y de mano dura (como ocurrió en otras ocasiones) que desemboquen en graves retrocesos en la protecciónde derechos. La necesidad de aprender del camino recorrido, reconocer errores, identificar aciertos y continuar la lucha pormayor seguridad ciudadana y mayor respeto por los derechos humanos aparece hoy, en la Argentina y en la región, comouna tarea ineludible e impostergable. 14 Ejemplo de ello es la necesidad imperiosa de modificar las leyes orgánicas y de personal de las instituciones de seguridad federales, así como sus normativas vinculadas, a fin de establecer y acompañar los procesos de reforma y modernización de seguridad pública de acuerdo a los principios constitucionales y de protección de los derechos humanos. Ello supondría a su vez la construcción de un liderazgo político eficiente sobre el sistema policial que pueda conducir hacia un profundo cambio de sus estructuras de organización y formas tradicionales de funcionamiento. Véase, CELS “Derechos Humanos en Argentina” Informe 2011 Op. Cit P. 84 y ss. 15 ASD, “Memo sobre seguridad”. Pronto disponible en: (CIPECC doc).