Experiencias en América Latina: el desafío de evaluar programas de seguridad ciudadana

47 Puntos Críticos que Facilitan u Obstaculizan Capacidad Estatal de Cumplimiento con Recomendaciones Tal como se desprende de este análisis, el Informe es sumamente exhaustivo y presenta una serie de recomendaciones contra las cuales resultaría difícil (y hasta políticamente inviable) argumentar. ¿Por qué, entonces, los enormes desafíos en América Latina para formular e implementar políticas públicas de seguridad respetuosas de estos estándares y principios? ¿Cuáles son los principales obstáculos y retos que enfrentan nuestras sociedades y nuestras clases políticas en este ámbito? Los desafíos son varios. Dentro de la comunidad de derechos humanos, a pesar de grandes avances en análisis e interpretaciones, aún resulta difícil definir concretamente las pautas que deben regir una política pública para lograr un adecuado y efectivo equilibrio entre prevención y control. Si bien desde gran parte de las organizaciones de derechos humanos ya se acepta la necesidad de ambas acciones (y el Informe de la CIDH lo resalta), todavía no queda claro cómo lograr este delicado equilibrio, y definir actores, ámbitos, secuencias, términos y tiempos de intervención. Se trata de fortalecer el control y la capacidad coercitiva del Estado democrático, pero sobre todo, de implementar controles internos y externos, y formular políticas y estrategias claras, basadas en la gestión, el liderazgo y la supervisión de gobiernos civiles capacitados. Es preciso continuar demostrando en la práctica que se puede ejercer control y prevención de manera efectiva y respetando los estándares de derechos humanos. Más allá de las disposiciones técnicas, también surgen una serie de desafíos en el ámbito político. Aquí nos referimos a la necesidad de balancear respuestas inmediatas y/o simbólicas, muchas veces reactivas –propias de los horizontes políticos cortos de los gobernantes—con la necesidad de políticas de largo plazo, consensuadas y que tal vez no demuestran resultados inmediatos. Como en muchos otros casos, los cálculos políticos y la lucha por el poder frecuentemente “le ganan la batalla” a lo importante y a lo inteligente en materia de políticas públicas, instalándose la demagogia punitiva, donde a menudo se sacrifican las garantías y los derechos en nombre de la “eficacia” y el “orden,” bajo el propósito (o, en ciertos casos, la excusa) de responder a la demanda ciudadana de la manera más rápida y efectista posible. Otro de los obstáculos tiene que ver con la relación connivencia policial y comisión de delitos –un fenómeno demasiado generalizado en la región—, lo cual socava la credibilidad y la legitimidad de la institución, además de dificultar su función constitucional. Esto es cierto ya sea que se trate de algunos oficiales aislados que delinquen o colaboran con redes criminales, o en casos donde existe una tolerancia institucional de mayor envergadura. El fenómeno de la corrupción y la penetración de redes criminales en las instituciones de las fuerzas de seguridad afectan a toda la institución y contribuyen a erosionar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas en general. En muchos casos, esta connivencia, además, llega a los poderes políticos más altos 11 . La combinación de retos técnicos y políticos se refleja también en la dificultad de combinar acciones y estrategias de seguridad ciudadana respetuosas de los derechos humanos a nivel local, nacional y regional 12 . A pesar de la necesidad sólidamente argumentada (y de la existencia de algunos ejemplos de “buenas prácticas” en este sentido), con frecuencia la combinación de pugnas por el poder y la polarización política impide consensuar políticas y llegar a acuerdos básicos entre los distintos niveles y sectores gubernamentales relevantes en el ámbito de la seguridad. En este sentido, más allá del poder ejecutivo, la generalizada falta de capacidad de los poderes legislativos de la región para proponer, legislar, monitorear y fiscalizar las políticas de seguridad contribuye a una ausencia de política estatal adecuada y democráticamente ejecutada. A pesar de los avances en los últimos años, en gran parte de América Latina, aún faltan cuadros civiles con expertise en políticas públicas de seguridad que sepan, sean capaces de, y puedan imponerse a (o, en aquellos contextos más propicios, trabajar conjuntamente con) las fuerzas de seguridad en base a un legítimo y efectivo liderazgo político. Por último, la falta de continuidad en las políticas públicas vinculada a las mencionadas pugnas políticas, la polarización, y el afán de “refundar” los enfoques con cada nueva gestión, también socava la efectividad de las políticas de seguridad y la protección de derechos fundamentales. En la mayoría de los países de la región, aún falta construir sobre lo hecho, consensuar estándares y principios elementales, y generar acuerdos políticos básicos y duraderos que sirvan de colchón sobre el cual avanzar progresiva y consistentemente. Se trata, al fin y al cabo, de que las políticas de seguridad respetuosas de los derechos no sean políticas de gobierno, sino verdaderas políticas de Estado. El caso argentino y de muchos otros países de América Latina demuestra tal vez lo opuesto, evidenciando algunos momentos reformistas, que se abandonaron en el tiempo, o que inclusive culminaron en retrocesos importantes en materia de derechos. 11 Lamentablemente, en distintos niveles, este fenómeno afecta a casi todos los países de la región (y sobre todo México, Centroamérica, ciertas fuerzas policiales argentinas, entre otros). Para el caso argentino, véase, por ejemplo, Sain, Marcelo Fabián, “Progresismo ficcional: La política de seguridad pública durante la gestión presidencial de Néstor Kirchner (2003-2007),” Noviembre 2010 y Sain, Marcelo Fabián, El Leviatán azul: policía y política en Argentina, Siglo Veintiuno Editores Argentina, Buenos Aires, 2008. 12 La necesidad de intervenciones complementarias en los distintos niveles y ámbitos del Estado ha sido fuente de importantes estudios. Véase, por ejemplo, papers escritos para la conferencia “Municipal Strategies of Crime Prevention,” Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, DC, Diciembre 2010 (presentaciones de Claudio Beato, Rodrigo Guerrero, Liza Zúniga, Juan Salgado, Robinsson Caicedo, Renato Sergio de Lima y Carlos Romero).