Experiencias en América Latina: el desafío de evaluar programas de seguridad ciudadana

46 El Informe: Conclusiones y Recomendaciones La CIDH define la perspectiva de derechos en el ámbito de la seguridad ciudadana de la siguiente manera: “la perspectiva de los derechos humanos permite abordar la problemática de la criminalidad y la violencia y su impacto en la seguridad ciudadana mediante el fortalecimiento de la participación democrática y la implementación de políticas centradas en la protección de la persona humana, en lugar de aquellas que primordialmente buscan afianzar la seguridad del Estado o de determinado orden público.” (CIDH 2009) En base a esta definición conceptual, podemos extraer las siguientes conclusiones: • La seguridad ciudadana se constituye en la principal demanda de la sociedad hacia autoridades estatales. • Existen diferentes formas de violencia en la región: crimen organizado, armas de fuego, abuso de sustancias estupefacientes, violencia contra mujeres, violencia contra niños y adolescentes, violencia contra población indígena y afro-descendiente, conflictos sociales y comunitarios, delincuencia juvenil. • Los gobiernos de la región han implementado una serie de políticas ineficaces que incluyen: el aumento de la presión punitiva, la reducción de garantías procesales o baja de edad de imputabilidad para aplicar el derecho penal a menores de edad, intolerancia y estigmatización de grupos vulnerables, hasta casos extremos de violencia extralegal cometidos por grupos de “limpieza social” (Centroamérica). Ninguna de estas políticas ha significado una mejora en las condiciones de seguridad ciudadana o en las tasas de criminalidad. • Es necesario “identificar políticas específicas para atender situaciones concretas” que consideren los contextos nacionales y las particularidades sub-regionales y respondan a las problemáticas reales de cada lugar. • La seguridad ciudadana no es sólo una cuestión policial, pero la policía es un actor “insustituible” en su tarea de prevenir y reprimir el delito, y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos humanos. Debe estar presente la idea de profesionalizar y modernizar a la policía, a partir de reformas sostenibles que mejoren la legitimidad, la eficacia y la confianza ciudadana en la institución, a través de tareas de prevención, disuasión y control. Dichos procesos de reforma deben ser liderados por los poderes políticos, conduciendo hacia un modelo policial democrático, con capacitación permanente a partir de la cual la formación tenga un verdadero impacto en prácticas policiales. • Es sumamente importante el apoyo y la cooperación de otros actores del sistema: la justicia penal, organizaciones de la sociedad civil, empresa privada, academia, etc. • Se resalta los derechos de los agentes del Estado (incluidos los policías): derechos laborales, de formación, infraestructura, equipamiento, etc. • La desigualdad y la discriminación tienen un efecto nocivo en el incremento de la violencia y la criminalidad. • Son necesarios los “planes y programas de prevención, disuasión, y cuando ella sea necesario, de medidas de represión legítima respecto a los hechos de violencia y criminalidad, a partir de las orientaciones y dentro de los límites que establecen los estándares y los principios de derechos humanos recogidos en el marco de los Sistemas Universal y Regional de derechos humanos.” • Es de suma importancia la creación y la consolidación de institucionalidad estatal en estos temas para avanzar la gobernabilidad democrática de la seguridad ciudadana. Por último, si bien el Informe se refiere a una serie de derechos, resalta como “derechos comprometidos en la política pública de seguridad ciudadana” los siguientes: derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad y la seguridad personales, al disfrute pacífico de los bienes, a las garantías procesales y a la protección judicial, a la privacidad y a la protección de la honra y la dignidad, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión y asociación y a la participación en los asuntos de interés público. (CIDH 2009 p. 100 - 103) Dentro de sus recomendaciones generales para los Estados encontramos: • Asumir el cumplimiento de las obligaciones internacionales de protección y garantía de derechos humanos a partir de la formulación de políticas públicas integrales, sustentables, basadas en consensos políticos y sociales necesarios, con mecanismos de evaluación, rendición de cuentas (mecanismos de control internos y externos), transparencia y participación ciudadana. • Generar y fortalecer la capacidad institucional en el sector público con recursos humanos, técnicos y económicos adecuados. En este sentido, las principales instituciones involucradas son las fuerzas policiales, el poder judicial, el ministerio público y el sistema penitenciario. • Asegurar la gobernabilidad democrática de la seguridad ciudadana con equipos técnicos multidisciplinarios liderados por autoridades políticas legítimas. • Hacer efectiva la rendición de cuentas, a partir demecanismos de control internos y externos, la transparencia y la lucha contra la impunidad y la corrupción. • Avanzar políticas de protección especial para personas o grupos en especial situación de vulnerabilidad frente a la violencia y el delito (mujeres, niños, adolescentes, afro- descendientes, indígenas, migrantes, etc.) .(CIDH 2009 p. 103).