Experiencias en América Latina: el desafío de evaluar programas de seguridad ciudadana

45 Sin embargo, en otros lugares de la región (sobre todo en Centroamérica, pero también en México, e inclusive en Argentina o Perú en ciertos momentos y zonas), esta demanda aún está vigente o aparece y desaparece dependiendo del contexto político, o episodios de crímenes de alto impacto y visibilidad mediática. Así, el legado autoritario de muchas sociedades latinoamericanas, y la falta de respuesta a través de una política estatal efectiva en democracia, se manifiesta en la re-aparición de estas demandas. Dado este contexto, desde la perspectiva de la comunidad de derechos humanos, se trata de disputar discursivamente la eficiencia de la mano dura (la llamada “estafa de la demagogia punitiva” 9 ) y producir evidencia empírica y conocimiento para ofrecer alternativas a aquellas políticas meramente represivas y de control, que hoy le ofrece gran parte de la clase política latinoamericana a la ciudadanía. Es justamente el reconocimiento de esta necesidad de participación propositiva en el ámbito de políticas públicas de seguridad desde el movimiento de derechos humanos lo que ayudó a impulsar importantes esfuerzos a nivel regional que culminaron en la elaboración del Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de la CIDH, y que hoy buscan incidir en el debate técnico y político sobre seguridad en distintos países de la región. El Informe: Proceso y Significación El Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos emitido por la CIDH en el año 2009 es producto, entre varios otros factores, del trabajo de diversas organizaciones de derechos humanos 10 de la región que en el año 2005 vislumbraron la importancia de discutir las políticas públicas de seguridad dentro del marco de los derechos humanos y bregaron por el involucramiento de la CIDH en estas discusiones. En este camino, solicitaron -en ocasión de una audiencia general- que se realizara un informe regional, teniendo como base el documento “El sistema interamericano para la protección de la seguridad ciudadana de cara a los desafíos de los derechos humanos en las 9 Entendiendo a la demagogia punitiva como una práctica política consistente en el control fáctico de la calle, ante el problema de la inseguridad, acogiendo medidas que tienden, más que a resolver eficazmente el problema, a evocar una imagen de paz como orden impuesto. Trayendo consigo la delegación de la función de prevención y persecución del delito a las fuerzas de seguridad, y en consecuencia creando altos niveles de ineficacia de dicha prevención y persecución, sumado a altos niveles de violencia y corrupción. Bajo este contexto, la demagogia punitiva entiende que el incremento de los delitos implica un excesodecargapara losdispositivosdeseguridadexistentes,quesólopodríaserprocesado a través de una ampliación de la capacidad operativa de las instituciones de seguridad y de justicia para dar respuestas. Ibíd. 10 En aquel momento, el grupo de organizaciones no gubernamentales estaba integradoporelCentrodeEstudiosLegalesySociales-CELS(Argentina);ConectasDireitos Humanos/Sur Rede Universitária de Direitos Humanos (Brasil); Núcleo de Estudos Da ViolênciaDaUniversidadedeSãoPablo-NEV-USP(Brasil);InstitutoSouDaPaz(Brasil);Viva Río (Brasil); Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana – CESC- (Chile); La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho –FESPAD- (El Salvador); Instituto para la Seguridad y la Democracia – INSYDE- (México); Centro de Derechos Humanos Pro-Juárez - Centro Prodh (México); Instituto de Defensa Legal - IDL (Perú); Open Society Institute (Estados Unidos); y Washington Office on Latin America –WOLA (Estados Unidos). Dicha coalición de organizaciones continúa activa hasta la fecha, integrada por algunos de los miembros originales así como por nuevos participantes. Américas,” que presentaron en dicha oportunidad. La idea era que la CIDH, recogiendo previas declaraciones y jurisprudencia, planteara lineamientos y estándares básicos de derechos humanos que pudieran servirle a los Estados en la formulación de políticas públicas para responder a la problemática. Así, tras un arduo trabajo de incidencia y acompañamiento por una parte de la comunidad de derechos humanos de la región se logró el involucramiento comprometido de la CIDH, culminando en la publicación del Informe a fines del 2009. Uno de los aportes más importantes e innovadores del Informe es que no se agota en resaltar las obligaciones negativas de los Estados (es decir, limitando su actuación en cuestiones de seguridad), sino que también desarrolla obligaciones positivas en el ámbito de la atención a las víctimas de la violencia y el delito, la prevención, la investigación judicial (derecho a las garantías procesales y a la protección judicial), la gobernabilidad democrática de la seguridad, la profesionalización y la modernización de las fuerzas policiales, principios de actuación y protocolos de uso de la fuerza, desarrollo de controles internos y externos, la separación entre defensa nacional y seguridad interior, entre otros. De hecho, el Informe expresa: “la seguridad ciudadana se ve amenazada cuando el Estado no cumple con su función de brindar protección ante el crimen y la violencia social, lo cual interrumpe la relación básica entre gobernantes y gobernados.” (CIDH 2009). Así, enfatiza que la seguridad ciudadana y los derechos humanos no son incompatibles sino más bien complementarios, reforzándose mutuamente. Sin embargo, la verdadera importancia del Informe yace en transformarse en una herramienta útil para los Estados y para las organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de políticas públicas de seguridad ciudadana efectivas y respetuosas de los derechos fundamentales. El Informe, de esta manera, puede elevar el debate sobre seguridad, siendo un instrumento guía para establecer lineamientos en materia de seguridad y aportar insumos para la formulación de políticas públicas y de discurso político sobre la materia.