Experiencias en América Latina: el desafío de evaluar programas de seguridad ciudadana

44 De todas maneras, es importante resaltar que en la mayoría de los países (en particular la Región Andina, Brasil o Centroamérica), la inseguridad tiende a afectar desproporcionalmente a los sectores más pobres, y las consecuencias violentas de muchas de las intervenciones de seguridad, a los jóvenes varones de esas zonas (Pérez R. 2009; Castillo M. 2009). En países como Argentina, a menudo son los jóvenes de los sectores más marginalizados las víctimas más frecuentes de los hechos de violencia policial, quienes, sin embargo, tienden a ser losmás estigmatizados política, cultural y mediáticamente (CELS 2010) 3 . Así, es sobre los mismos sectores donde se acumulan, se superponen y se potencian las vulneraciones de derechos. Esto se relaciona a una peligrosa tendencia a criminalizar la pobreza, al identificarla con las causas del delito e implementar estrategias policiales focalizadas en los sectores más marginalizados, que frecuentemente operan en forma perversa, cargando más violencia sobre los mismos sectores que se dice querer proteger 4 . Esta situación no solo genera patrones de injusticia, discriminación e impunidad, sino que también profundiza ciclos viciosos de violencia. La Comunidad de Derechos Humanos Frente al Tema de la Seguridad 5 A modo de ejemplo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) –una organización no gubernamental que trabaja desde 1979 en la promoción y protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democrático en Argentina— aborda el tema de seguridad ciudadana desde hace varios años desde una perspectiva de derechos humanos, a nivel nacional, y más recientemente a nivel regional. Si bien su enfoque histórico se ha centrado en temas de violencia institucional, es decir, violencia policial, principalmente caracterizada por patrones de tortura, represión, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales (problemática particularmente acentuada en Argentina y mejor conocida como ”gatillo fácil”), el CELS ha sumado a su trabajo de denuncia, investigación y litigio estratégico, una mirada crecientemente propositiva que prioriza la incidencia política en materia de políticas públicas de seguridad ciudadana desde una perspectiva respetuosa de los derechos humanos. Nuevamente, resulta difícil y poco preciso generalizar al resto de la región. Sin embargo, el caso particular del CELS y la adaptación en su forma de encarar este trabajo refleja, de alguna manera, una transformación más universal (si aún incipiente) en el abordaje de estos temas desde la perspectiva de las organizaciones de derechos humanos. 3 Solo como ejemplo en Argentina, en el año 2010, en menos de cuatro meses se produjeron cuatro casos de ejecuciones extrajudiciales o gatillo fácil en una misma provincia, Río Negro, por parte de la misma fuerza policial (policía Río negrina). Véase CELS Derechos humanos en Argentina. Informe 2011, P. 92 y 134. Disponibles en: http://www. cels.org.ar/documentos/?info=publicacionesTpl&ids=3&lang=es&ss=126 4 ASD, “Memo sobre seguridad”. Pronto disponible en: (CIPECC doc). 5 Ver nota de pie de página número 2. Estos cambios paulatinos en gran parte de la sociedad civil de derechos humanos se basan en varios factores. Primero, se reconoce la gravedad y la complejidad de la problemática que, frecuentemente y dependiendo del país, va más allá de la violencia policial, e incluye la violación sistemática de los derechos humanos por parte de actores no estatales. También se considera la creciente demanda ciudadana por mayor seguridad y la necesidad ya ineludible de involucrarse en discusiones de política pública sobre seguridad desde una perspectiva de derechos. Dicho enfoque implica no solo marcar límites y establecer estándares para el accionar gubernamental, sino también proponer políticas de seguridad concretas que puedan responder a la demanda ciudadana de manera efectiva, y sobre todo, respetuosa de los derechos fundamentales. Todo esto, sin perjuicio de continuar con la labor tradicional de denuncia y monitoreo del accionar institucional, combinando y adaptando estrategias de abordaje según el contexto. Deapoco,conavancesyretrocesosyaúndemasiadasexcepciones 6 , en algunos rincones de la región, comienzan a transformarse los contenidos y el discurso sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, reconociendo que los derechos humanos no son un obstáculo a la seguridad, sino una condición sine qua non para cualquier política de seguridad ciudadana efectiva y sostenible. En algunos países –desde Brasil y Argentina hasta Venezuela y Colombia—ciertas organizaciones de derechos humanos vienen incidiendo para aportar a este cambio de paradigma, avanzando hacia una perspectiva más sofisticada y amplia de derechos 7 . Así, desde las organizaciones de la sociedad civil se postula que no pueden existir contradicciones entre las políticas de seguridad y los estándares de derechos humanos. Desde esta perspectiva, se sostiene que los problemas vinculados con el delito y la violencia deben ser abordados desde la articulación de políticas, con una fuerte capacidad de gobierno civil de la seguridad y con un perfil decididamente nomilitarizado, ya que solo un Estado democrático con capacidad para controlar la violencia de sus acciones puede obtener resultados exitosos, proteger los derechos de su población y legitimar su accionar 8 . También es cierto que la demanda ciudadana por respuestas efectistas y de mano dura ha sufrido y sufre vaivenes. En algunos países, este discurso comienza a vencerse y se va demostrando que las políticas de mano dura no solo violan los derechos humanos, sino que además son inefectivas y contraproducentes, ya que en general los índices delictivos no disminuyen sino que al contrario ascienden, al mismo tiempo que se perpetúan patrones de discriminación y criminalización de la pobreza. 6 México y Centroamérica en particular. 7 Con la excepción de algunos casos interesantes de política pública local (algunos aún incipientes, otros más desarrollados y ampliamente analizados), todavía es difícil encontrar muchos ejemplos concretos que reflejen este cambio de paradigma en la formulación e implementación de políticas nacionales de seguridad y que hayan sido debidamente evaluados para demostrar un impacto positivo. 8 Véase, Autores varios “Más derechos, más seguridad. Más seguridad, más derechos. Políticas públicas y seguridad en una sociedad democrática”. P. 6, disponible en: http://www.cels.org.ar/common/documentos/mas_derechos_mas_seguridad_com