Gestión local de la Seguridad: un marco teórico de referencia

Proyecto “Índice de Capacidades Locales para la Gestión de la Seguridad” Marco conceptual para el desarrollo del instrumento 6 haciendo de los recursos y de la importancia que esto tiene para el logro de sus objetivos, ello permitirá evitar conflictos entre las unidades municipales. Por último, otro aspecto relevado por CIEPLAN respecto de las buenas prácticas en la gestión municipal es la capacidad en el municipio para utilizar la oferta pública existente respecto de los requerimientos que realiza su comunidad. Lo fundamental aquí es que los equipos municipales posean el conocimiento y la capacidad para acceder a la oferta pública y a la red de programas existentes en las materias que sus comunidades lo requieran, adecuando sus búsquedas a las situaciones particulares que existen en cada territorio. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que si bien esta oferta, ya sea en la forma de programas, iniciativas u otros, puede traer prioridades, metodologías, contactos y relaciones, e incluso recursos, en algunos casos, también puede traer “una carga de trabajo adicional, exigencias e imperativos que suelen sobrecargar y abrumar a las municipalidades” (2008, p.47). En Chile, la gestión local mayoritariamente ha sido tratada desde el enfoque de la descentralización política, administrativa y fiscal, dejando poco debate sobre el concepto de gestión local en sí mismo, pero relevando otros temas de gran importancia como son la potenciación de los territorios, el conocimiento y la innovación, el capital humano, el desarrollo económico territorial y la participación ciudadana, entre otros (Von Baer, 2009). Desarrollo de la gestión local de la seguridad A partir de la década de los 80’, los gobiernos locales en diversos países de Europa y Norteamérica comienzan a promover la temática de la seguridad pública a nivel local. Esto ocurre en un escenario donde, según el Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (2001), las problemáticas más importantes y en crecimiento eran la pobreza y la exclusión, las que incidían en el aumento del delito y la violencia. Hacia la década de los 90 y marcadamente hacia el final de los 2000, se destaca que a pesar que “se han endurecido las respuestas del sistema de justicia penal de numerosos países, los problemas de la seguridad en las comunidades han aumentado y continúan siendo una de las preocupaciones más importantes para los ciudadanos” (Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, 2001, p.29-30). Junto con lo anterior, la confianza en los sistemas de justicia penal comienza a decrecer de forma importante (Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, 2001). Uno de los cambios fundamentales que se produce en este escenario, es el enfoque con que se visualiza la seguridad, la que deja de considerarse como un ámbito privativo de las policías y/o los tribunales de justicia y pasa a considerarse también a las administraciones locales y a las comunidades como actores relevantes, y consecuentemente con ello, a las alianzas que estos puedan establecer como condicionantes para mejorar la seguridad de la población. De esta